LAS TIERRAS OCIOSAS - Aleph Ciencias Sociales

LAS TIERRAS OCIOSAS 

Moisés GONZÁLEZ NAVARRO 

El Colegio de México 

EN EL DERECHO ROMANO sólo el propietario de tierras agrícolas, 

o quien tuviera sus derechos, podía cultivarlas. Este 

principio se conservó en la legislación española, pero ya el 

Fuero Viejo de Castilla le daba un sentido social a la propiedad 

al conceder cierto derecho a los campesinos a usar, 

en su provecho, temporalmente, las tierras ociosas. También 

el propietario del calpulli tenía, la obligación de cultivar la 

tierra: su incumplimiento importaba la pérdida de la misma. 

Este principio coincidía con la ley de 18 de agosto 

de 1523, según la cual los españoles que aceptaban tierras 

debían edificar los solares, poblar la casa y labrar las tierras 

de labor. 1 

Sin embargo, al finalizar la colonia, Manuel 

Abad y Queipo propuso, entre otras medidas para remediar 

el problema agrario, una ley semejante a la de Asturias 

para la apertura de las tierras incultas de las grandes propiedades. 

2 

Como al parecer esta proposición no fue atendida, José 

María Luis Mora volvió sobre este tema al acusar a la mayoría 

de los grandes propietarios de no cultivar sus tierras. 

No por eso pretendía atacar directamente a todos los grandes 

propietarios, sólo al clero. 3 

Las críticas de los liberales 

se acentuaron en la primera mitad del xix, pero la mayoría 

no atacó el latifundismo laico. El Monitor Republicano, 

por ejemplo, criticó a la mitad de 1852 la acumulación de 

la propiedad territorial en una sola mano, frecuentemente la 

de una corporación religiosa, que dejaba inculta una gran 

1 MENDIETA Y NÚÑEZ, 1946, pp. 337-340. Véanse las explicaciones 

sobre siglas y referencias al final de este artículo. 

2 ABAD y QUEIPO, 1837, i, p. 87. 

3 MORA, 1837, i, p. 349. 

503

504 MOISÉS GONZÁLEZ NAVARRO 

porción de sus tierras. 4 

Algunos atribuían esta situación a 

que los hacendados limitaban sus siembras a lo preciso para 

sostener sus fincas por temor a nuevos impuestos o a una 

revolución, y tratándose de los pueblos de indios a la "natural" 

indolencia de éstos. 5 

Luis de la Rosa, corifeo de los 

liberales moderados, criticó que frente a unos cuantos dueños 

de inmensos terrenos incultos los arrendatarios vivieran 

en precarias condiciones y los simples jornaleros en una situación 

aún más miserable. Si él dirigiera el país distribuiría 

esas tierras incultas, pero no gratuitamente, y, sobre 

todo, sin herir en lo más mínimo los derechos de ningún 

propietario territorial, ni los de ninguna clase, corporación 

o establecimiento, añadía para tranquilizar a sus compañeros 

hacendados. Él personalmente contribuiría distribuyendo 

en enfiteusis o renta perpetua, y de ser posible en venta, 

la mayoría de sus tierras zacatecanas. 6 

Como todo se reducía a meras críticas que no se traducían 

en una ley, Ponciano Arriaga, uno de los prohon> 

bres de los liberales puros, al reunirse poco después el 

congreso constituyente convocado por la triunfante revolución 

de Ayutlá, el 23 de junio de 1856, hizo una crítica más 

profunda de los pocos dueños de inmensos e incultos terrenos 

que podrían dar subsistencia a muchos millones de 

hombres. Apoyándose en las leyes de Indias denunció que 

como el derecho de propiedad se perfeccionaba por el trabajo 

y la producción, la acumulación de grandes posesiones 

territoriales en unas pocas personas sin trabajo, cultivo ni 

producción, perjudicaba el bien común. Concretamente propuso 

que los poseedores de fincas rústicas con una extensión 

mayor a quince leguas cuadradas de terreno, para ser reconocidos 

ante las leyes del país como perfectos propietarios, 

deberían deslindar y cultivar sus territorios acotándolos 

y cercándolos. En caso de no cumplir con estos requisitos no 

4 El Monitor Republicano (27 jul. 1852). 

5 Memoria Cuernavaca, 1850, pp. 31-33, 36-39. 

« DE LA ROSA, 1851, pp. 5-6.

LAS TIERRAS OCIOSAS 505 

tendrían derecho a quejarse de los daños que les causaran 

sus vecinos o los transeúntes "ni a cobrar cosa alguna por 

los pastos, montes, aguas o cualesquiera otros frutos naturales 

del campo". Si después de un año esos terrenos permanecían 

sin cercado, incultos u ociosos, causarían a favor 

del erario federal una contribución de 25 al millar sobre 

su valor verificado por peritos nombrados por el gobierno. 

De no pagarse con puntualidad esa contribución se iría 

capitalizando sobre el mismo terreno hasta que se extinguiera 

su justo precio. Los terrenos de fincas rústicas o haciendas 

que tuvieran más de quince leguas cuadradas y que 

dentro del término de dos años no estuvieran cultivados, 

deslindados y cercados se tendrían por baldíos y serían renunciables 

y vendibles por cuenta de la hacienda federal, 

rematándose al mejor postor. 7 

Como es sabido, el congreso constituyente desechó el 

voto particular de Arriaga porque puso la libertad al servicio 

de la propiedad. 8 

De cualquier modo, los códigos civiles 

(1870, 1884, 1928) dispusieron que cuando alguien de buena 

fe sembrara en terreno ajeno el propietario de la tierra 

podía quedarse con lo sembrado, pagando su precio, o exigir 

al sembrador el valor de la renta de la tierra. 9 

De todos modos el problema se agravó, y las tierras 

ociosas continuaron obstaculizando el desarrollo agrícola del 

país. Durante el porfiriato, Nicolás de Zúñiga y Miranda 

aseguró que cuando no hubiera tierras ociosas la prosperidad 

de México sería mayor que la de Argentina. Macedonio 

Gómez pidió el fraccionamiento de las tierras ociosas, conciliando 

los derechos del propietario con los de la comunidad, 

y el plan del Partido Liberal de 1906 propugnó el 

recobrar las tierras incultas para repartirlas entre los repatriados. 

10 

7 ZARCO, 1956, pp. 309-404. 

8 GONZÁLEZ NAVARRO, 1971, pp. 28-30. 

9 MENDIETA Y NÚÑEZ, 1946, p. 338. 

io GONZÁLEZ NAVARRO, 1957, pp. 278-279.

506 

MOISÉS GONZÁLEZ NAVARRO 

Mucho se habló de la enorme extensión de las tierras 

ociosas, pero poco se cuantificó su magnitud. Por excepción 

se sabe que en San Luis Potosí en 1829, de un total de 

17 328 fanegas, 2 099 (12%) quedaban baldías; veinte años 

después las tierras incultas aumentaron a 100 154. 11 

En 1877 

el Real del Castillo, en Baja California, sólo cultivaba una 

doceava parte de sus 3 600 hectáreas; la hacienda de Santa 

Teresa, en Coahuila, dos de sus 58 sitios de ganado mayor; 

en Guadalcázar, hacienda potosina, de 150 sitios de ganado 

mayor únicamente se cultivaba una centésima parte de su 

superficie; la hacienda guanajuatense de Tejalpa cultivaba 

el 41% de su extensión; en Tuxtla Gutiérrez, una hacienda 

de doce cabalerías sólo cultivaba una. 12 

The Mexican Investor propuso desde 1902 establecer el 

tributo sobre el rendimiento, disminuyendo el tanto por 

ciento de la tasa a medida que la superficie cultivada fuera 

mayor, o relacionando el valor de lo cultivado con lo inculto 

y gravando más lo segundo que lo primero. El Economista 

Mexicano aceptó que, en efecto, el valor real de la 

propiedad agrícola era muy superior a la estimación fiscal, 

pero rechazó que con esos impuestos diferenciales se pudiera 

resolver el problema, porque era más difícil conocer 

el rendimiento que el valor. Sobre todo, era injusto gravar 

más los terrenos incultos que los cultivados cuando no estuviera 

al alcance del terrateniente cultivarlos por falta de 

un mercado de consumo o de brazos, déficit este último 

general en todo el país. A los ojos de El Economista Mexi* 

cano era aún más grave que The Mexican Investor defendiera 

el "comunismo agrario", pues inspirado en Enrique 

George argumentaba que "en un amplio sentido" la tierra 

"pertenece a todos", cosa muy extraña en labios de una 

publicación destinada a atraer a los inversionistas extranjeros. 

Esta polémica renació al finalizar 1906, cuando de 

11 Memoria San Luis Potosí, 1829, anexo 5; Memoria San Luis 

Potosí, 1849, anexo 4. 

12 GONZÁLEZ NAVARRO, 1957, p. 217.


nueva cuenta The Mexican Investor propugnó un impuesto 

a las grandes extensiones incultas. El Economista Mexicano 

replicó que, contra una generalizada opinión, una política 

fiscal de esa naturaleza no resolvería el problema, pues 

éste era una característica común a los países nuevos, faltos 

de población, comunicaciones y agua. Además, a estos países 

más les convenía la agricultura extensiva que la intensiva. 

La experiencia de Asia central, tal como había sido expuesta 

por Enrique Moser, indicaba que lo primero era regar; 

el aprovechamiento de los latifundios y su fraccionamiento 

vendrían por añadidura. 13 

Al término del porfiriato se calculó que el 10% de la 

superficie nacional estaba formado por tierras eriazas, no 

comprendidas en latifundios, pueblos, villas y compañías 

deslindadoras. 14 

Desde diferentes posiciones se atacó este 

problema: por ejemplo, el 18 de marzo de 1911 un grupo 

de representantes de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, 

Puebla y el Distrito Federal, entre los que se contaban 

personas que después figuraron en el zapatismo, pidieron 

que las tierras incultas fueran trabajadas por quienes 

las solicitaran. 15 

En el Norte, un año después, el "Pacto 

de la Empacadora" propugnó que, previo avalúo, fueran 

expropiadas las tierras incultas. 16 

Algunas personas ligadas al antiguo régimen, por supuesto, 

aunque propugnaron el fraccionamiento de los latifundios 

incultos, como Jorge Vera Estañol, se limitaron a pedir 

que se dejara a los dueños dos porciones iguales a las 

que cultivaran. Los adquirentes deberían pagar del 10 al 

20% al contado, el resto en cincuenta años, con garantía 

hipotecaria. Se preferiría a los pequeños capitalistas que pudieran 

adquirir de cincuenta a cien hectáreas; los jefes de 

13 El Economista Mexicano (1? dic. 1906), pp. 177-178 (22 dic. 

1906), pp. 246-247. 

14 GONZÁLEZ ROA, 1915, pp. 66-67. 

15 El Nacional (28 feb. 1941). 

16 El Pueblo (25 jun. 1916).


familia de los pueblos recibirían de diez a veinte hectáreas 

por cabeza. 17 

Poco después, en sólo nueve días (del 12 al 21 de octubre 

de 1912) la cámara de diputados recibió cuatro proyectos 

en los que se propugnaba el aprovechamiento de las 

tierras incultas. Miguel Alardín explicó que, mientras algunos 

grupos habían mejorado con la revolución, los jornaleros 

de Chihuahua y Morelos continuaban padeciendo una 

desesperada carencia de tierras porque muchas permanecían 

incultas. Para remediar esta situación propuso una contribución 

directa del 2% anual sobre el valor de la propiedad 

rústica superior a mil hectáreas de las que no se cultivara 

la cuarta parte y del medio al millar anual sobre las propiedades 

rústicas cultivadas o sobre las mayores de mil 

hectáreas que sólo cultivaran la cuarta parte de su extensión 

y sobre las propiedades de un solo dueño menores de 

mil hectáreas, cultivadas o no. 18 

La Comisión Agraria de la 

"extrema izquierda" (Eduardo Fuentes, Antonio Díaz Soto 

y Gama y Juan Sarabia) propuso erigir pueblos y dotarlos 

de ejidos, utilizando para tal fin los excedentes de los latifundios 

y las tierras incultas; los ayuntamientos repartirían 

las tierras entre los vecinos o las conservarían en común. 19 

Según Adolfo M. Isasi el gobierno debería comprar las 

tierras incultas, expropiando a quienes se negaran a vender, 

mediante bonos pagaderos en treinta años, lo cual tenía el 

fin de formar granjas de una hectárea en las tierras muy 

ricas y de dos en las tierras menos fértiles. Sólo formarían 

parte de estas granjas quienes carecieran de tierras; al terminar 

de pagarlas recibirían la plena propiedad de ellas, y 

de inmediato el asesoramiento de peritos californianos en 

árboles frutales y de japoneses para verduras. 20 

En fin, 

J.T. Carrión pidió que los extranjeros no pudieran adqui- 

IT El Imparcial (7 jun. 1912) ; El Pais (6 jun. 1912) . 

18 DDD, 12 oct. 1912 (pp. 2-51). 

19 DDD, 14 oct. 1912 (pp. 5-11). 

20 DDD, 14 oct. 1912 (pp. 2-6).


rir bienes raíces y la expropiación de los terrenos incultos, 

vendiéndose de preferencia a labradores pobres. 21 

Uno de los primeros en legislar sobre el problema de 

las tierras ociosas fue Francisco Villa. En efecto, a fines ele 

1914 se puso en práctica en Chihuahua su ley agraria: expropiación, 

por causa de utilidad pública, de los terrenos 

no cultivados y restitución de las tierras quitadas a los pueblos. 

Las tierras expropiadas se dividirían en lotes de cuatro 

a veinte hectáreas, según su calidad, procurándose que 

bastaran para la subsistencia de una familia de cinco personas. 

En la distribución de los lotes se preferiría a los 

chihuahuenses y a los agricultores competentes o que contaran 

con recursos propios suficientes para el cultivo. 22 

Varios subordinados de Venustiano Carranza y el propio 

primer jefe del Ejército Constitucionalista obligaron al 

cultivo de las tierras ociosas, en general con buenos resultados. 

En efecto, Domingo Arrieta decretó, en 1914 en Durango, 

que minas, ranchos y haciendas fueran inmediatamente 

explotadas por sus propietarios, quienes habían 

huido a Zacatecas o a México. 28 

El 15 de febrero de 1916 

se declaró como abandonados los terrenos hidalguenses incultos 

y se autorizó a trabajarlos a quienes lo solicitaran a 

las autoridades municipales. 24 

Carranza dispuso en junio de 

este año que se cuidara de que se cultivaran todas las tierras 

de labor. 25 

La ley potosina de julio de 1916 que obligó 

al inmediato cultivo de las tierras laborables no concedió 

ninguna participación a los propietarios en la cosecha. 26 

Por entonces varios agricultores poblanos denunciaron 

que los jefes militares les decomisaban sus pasturas, por lo 

que se veían obligados a vender sus animales de trabajo y, 

por lo tanto, no podían cultivar sus tierras y corrían el riesgo 

21 DDD, 21 oct. 1912 (pp. 4-11). 

22 La Convención (18 dic. 1914). 

23 El Imparcial (31 mar. 1914) . 

24 Informe Hidalgo, 1916, p. 17. 

25 El Pueblo (25 jun. 1916). 

26 Informe San Luis Potosí, 1917, p. 37.


de sufrir la sanción correspondiente. 27 

César López de Lara, 

gobernador del Distrito Federal, dispuso el 25 de julio de 

1916 el inmediato reparto de las tierras incultas y concedió 

el plazo de una semana a quienes, disfrutando de esta clase 

de tierras, no las cultivaran, en cuyo defecto se entregarían 

a otras personas. 28 

El gobernador de Aguascalientes ordenó 

el cultivo de las tierras abandonadas, concediendo una quinta 

parte del producto de la cosecha a los propietarios: el de 

Guanajuato concedió dos tercios y ordenó que los jefes militares 

no se apoderaran de los animales de trabajo ni de 

las semillas. 29 

En septiembre de 1917 se expidió una circular en Puebla 

que obligaba al cultivo de las tierras ociosas. Esta disposición 

originó graves conflictos entre los dueños de las 

tierras y los pueblos que las habían trabajado. 30 

Ese mismo 

año Carranza, ya en su carácter de presidente constitucional, 

estableció la obligación de dar a los dueños la parte 

acostumbrada en los contratos de aparcería en el cultivo 

de las tierras ociosas. 81 

En fin, después de que mucho se había legislado sobre 

este problema, entró en vigor la nueva constitución el primero 

de mayo de 1917. Estableció en su artículo 27 que la 

propiedad de las tierras y de las aguas correspondía originariamente 

a la nación, la cual había tenido y tenía el 

derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada, la que sólo podía ser expropiada 

por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

La nación, además, tenía el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dictara el interés 

público. 32 

Este artículo parecía facilitar una legislación de 

27 El Pueblo (28 jul. 1916). 

28 El Siglo (28 jul. 1916). 

29 Informe Aguascalientes, 1916, p. 6; Informe Guanajuato, 1916, 

p. 29. 

30 Informe Puebla, 1917a, pp. 14-15; Informe Puebla, 1917b, p. 9. 

31 DDD, 19 sep. 1917 (p. 6). 

32 GONZÁLEZ NAVARRO, 1970a, pp. 75-76.


tierras ociosas mucho más radical y completa que las leyes 

dispersas entonces existentes. No ocurrió así, porque precisamente 

el encargado de cumplirla le opuso una gran resistencia. 

De todos modos, varios diputados presentaron, el 23 de 

septiembre de 1917, un proyecto de ley para establecer un 

impuesto anual de un peso por hectárea de tierra laborable 

que no se cultivara en cada temporada de aguas. La comisión 

dictaminadora aprobó esta iniciativa limitando sus 

efectos al distrito y territorios federales. Luis Cabrera lamentó 

que la reforma agraria se emprendiera a pellizcos, 

con medidas esporádicas como ésa; objetó que en Baja California 

y en Quintana Roo fuera posible resistir ese 

impuesto por la dificultad de saber cuáles terrenos laborables 

habían sido cultivados. El problema del Distrito Federal 

era diferente, pues todo estaba cultivado, incluida Milpa 

Alta, en buena parte en poder del zapatismo. 

Otro problema era saber las razones por las cuales no se 

cultivaban las tierras. Según José Siurob, por las leoninas 

condiciones que imponían los propietarios a los aparceros 

(por eso en Guanajuato pasaban de cien las grandes haciendas 

abandonadas), y porque los latifundistas, por ser enemigos 

de la revolución, pretendían disminuir la producción 

agrícola. 83 

Según el diputado Aurelio Velázquez, en muchos 

casos las tierras no se cultivaban por falta de capital y de 

brazos; éstos se podrían obtener combatiendo la vagancia 

y haciendo efectiva la amnistía. Para Basilio Vadillo la causa 

del abandono de las tierras eran las represalias de los 

hacendados hacia quienes habían solicitado ejidos. Cabrera 

señaló que, como nadie trabajaba a la fuerza, lo conveniente 

era interesar a los hacendados en que cultivaran sus 

propiedades. Finalmente, como vimos, la comisión dictaminadora 

restringió esta iniciativa al distrito y territorios federales. 

84 

33 DDD, 23 sep. 1917 (pp. 16-24). 

34 DDD, 25 sep. 1917 (pp. 4-20).

512 


Sin embargo, la iniciativa anterior fue retirada. El 27 

de septiembre de ese año se presentó una nueva, hecha conjuntamente 

por Vadillo y Cabrera, quienes manifestaron 

que no afectaba absolutamente en nada al derecho de propiedad, 

y declararon de utilidad pública el cultivo de las 

tierras de labor y el derecho de la nación a disponer temporalmente, 

para fines agrícolas, de las tierras que sus propietarios 

no cultivaran. Las tierras quedarían a disposición 

de los ayuntamientos, quienes las concederían en aparcería 

o en arrendamiento a los vecinos que las solicitaran. Se 

considerarían como tierras ociosas todas las que en años 

anteriores hubieran sido cultivadas, durante la temporada 

de aguas o por riego, y las susceptibles de ser abiertas al 

cultivo en el temporal de lluvias. Las legislaturas locales 

determinarían en cada estado la época en que podría considerarse 

que los propietarios habían desistido de cultivar 

sus tierras, de acuerdo con la costumbre, el clima y la naturaleza 

de los cultivos. En el Distrito Federal se fijó el 30 

de abril como el fin de la época de la siembra para el propietario, 

y el I o 

de mayo como el principio para los labradores. 

El importe de la aparcería o el arrendamiento no 

excedería del 40% del producto de la cosecha; cada vecino 

tendría derecho a un máximo de veinte hectáreas en el 

Distrito Federal y de cien en Baja California y en Quintana 

Roo. El producto de la aparcería o del arrendamiento ingresaría 

a los fondos de los ayuntamientos y el propietario 

no tendría derecho a exigir a los labradores ninguna renta 

o indemnización, disposición contraria a la circular de Carranza. 

El artículo 15 establecía que los ayuntamientos protegerían 

debidamente a los labradores y a los terratenientes, 

a efecto de que la ley se cumpliera sin atropellos. Cabrera 

explicó que ese artículo debería leerse entre líneas, porque 

existían ejemplos "terriblemente desastrosos" de que en algunas 

partes del país se consideraba lícito destruir las siembras 

de las haciendas y de los pequeños poblados, las que 

eran entregadas a la caballada de cualquier jefe militar. Era 

preciso cultivar el país para que la nación comiera, con-


cluyó Cabrera; por tanto, había que tomar las tierras de 

donde las hubiese. 85 

El 29 de septiembre de 1917 se presentó una iniciativa 

similar a ésta, obra de los diputados Siurob, Múgica y Fi- 

gueroa. 86 

Dos años después fue archivada porque trataba 

muy someramente su objeto y porque adolecía de algunos 

defectos. 87 

Siurob confiaba en que con el proyecto de Vadillo y 

Cabrera los proletarios se podrían convertir en pequeños 

propietarios, realizando así uno de los ideales de la revolución. 

Velázquez, en cambio, lo consideró anticonstitucional 

e imposible, porque los ayuntamientos carecían de los recursos 

económicos necesarios para refaccionar a los aparceros, 

pues aun el propio ayuntamiento de la ciudad de México 

necesitaba del auxilio de la federación. Más convenía 

continuar declarando la caducidad de las concesiones de terrenos 

u ocupando los latifundios de los reaccionarios, pues 

de ese modo se proporcionaría trabajo inmediato. Eduardo 

Hay respondió que ese proyecto era constitucional porque 

temporalmente se expropiaban las tierras en beneficio público. 

Cabrera señaló el carácter absolutamente revolucionario 

de esa ley en materia de posesión, pues chocaba abiertamente 

con el derecho romano; era preciso aceptar francamente 

esa trascendental reforma a la legislación civil. La 

iniciativa fue aprobada en lo general contra sólo el voto de 

Velázquez. 8 

Al discutirse en lo particular, Velázquez volvió a la carga 

pidiendo que se pagara algo a los propietarios y señalando 

la posibilidad de que los ayuntamientos abusaran al 

fijar el monto del arrendamiento o de la aparcería por no 

establecerse ninguna regla con tal fin, lo que legalmente era 

imposible porque fijarla violaría la libertad municipal. 

35 DDD, 27 sep. L917 (pp. 10-15). 

36 DDD, 29 sep. 1917 (p. 4). 

37 DDD, 4 sep. 1919 (p. 20). 

38 DDD, 10 nov. 1917 (pp. 1-19).


Eduardo Neri respondió que la ley autorizaba a las legislaturas 

de los estados para hacer ingresar a las arcas municipales 

esas rentas, cuyo monto los ayuntamientos no podían 

establecer arbitrariamente. El diputado Carrascosa indicó el 

peligro de que por ignorancia los peones no entendieran 

el carácter temporal de la ley, y una vez instalados en las 

tierras ociosas sólo sería posible sacarlos de ellas por medio 

de la fuerza. Froylán Manjarrez replicó que la experiencia 

del período constitucional demostraba que muchos de estos 

temores eran infundados y Cepeda Medrano que, pese a la 

violencia revolucionaria, las leyes preconstitucionales sobre 

tierras ociosas permitieron que el país no muriera de hambre. 

39 

Según Daniel S. Córdoba esta ley tal vez sería benéfica 

en los estados de población más densa, cuyos labradores 

podrían ir al campo sin perjuicio de sus tareas, pero no en 

los de escasa población, donde las localidades estaban muy 

distantes de las tierras de labor, lo que obligaría al agricultor 

a establecerse en ellas con el gasto adicional de la 

construcción de una choza. Otro diputado pidió que se 

exceptuaran de esta ley las parcelas menores de cinco hectáreas. 

Arellano señaló, con su experiencia de propietario 

de unas cuatrocientas hectáreas, que el problema no era 

dónde sembrar, sino con qué dinero hacerlo. Finalmente, 

el artículo 1? fue aprobado por ciento veinte votos contra 

cinco. 40 

Nueva discusión surgió cuando Blancarte señaló la dificultad 

que podría surgir por la costumbre de dejar descansar 

las tierras en algunas regiones hasta dos años. A lo que 

Neri respondió que si los agricultores sabían que se trataba 

de tierras improductivas sencilamente no las solicitarían. 

Sin embargo, las cosas se complicaban porque tanto en 

el centro como en el sur existía la costumbre de dar en 

aparcería las tierras que se abrían al cultivo sin la obliga- 

39 DDD, 17 nov. 1917 (pp. 3, 8). 

40 DDD, 20 nov. 1917 (pp. 3-11).


ción de entregar nada al propietario hasta por tres años, 

caso no previsto por esa iniciativa. 41 

Vadillo explicó que esta iniciativa era relativamente 

conservadora en cuanto a la propiedad; su verdadero fin 

consistía en impulsar la producción. No se trataba de ayudar 

al indigente, al pobre o al incapacitado, sino al apto 

para producir. En cambio, las leyes sobre el fraccionamiento 

de los latifundios sí serían radicales; la de tierras ociosas 

tenía un carácter transitorio para resolver una necesidad 

momentánea. 42 

Vadillo también esperaba que con el tiempo 

los ayuntamientos se convertirían en los almacenadores 

de los granos, labor que hasta entonces, en algunos lugares, 

realizaba el clero onerosamente por medio del diezmo. 43 

Por otra parte, Siurob señaló que generalmente en el 

centro del país los contratos de aparcería eran muy leoninos; 

incluso obligaban a los labradores con su trabajo personal 

a falta de bienes. Por esa razón se modificó esta iniciativa 

en el sentido de que cuando los ayuntamientos proporcionaran 

elementos de trabajo los labradores pagarían, 

como máximo, un 20% de la cosecha; un 10%, también 

como máximo, cuando proporcionaran únicamente la tierra. 

Según Pablo García, era injusto que el ayuntamiento cobrara 

por tierras que no le pertenecían; de cualquier modo, 

no se hacía muchas esperanzas con esa ley por la suma 

pereza del pueblo. Siurob replicó que siempre que se dieran 

tierras en condiciones ventajosas sobrarían brazos para labrarlas; 

reconoció que en el campo había pereza: la de los 

grandes hacendados incapaces de modernizar sus implementos 

agrícolas. 44 

Otro problema surgió por la oposición de un diputado 

a que los propietarios continuaran pagando las contribuciones 

pese a no recibir ninguna parte del fruto de las co- 

41 DDD, 24 nov. 1917 (pp. 3-6). 

42 DDD, 29 nov. 1917 (p. 10). 

43 DDD, 4 dic. 1917 (pp. 6-9) . 

44 DDD, 4 dic. 1917 (pp. 12-13); 6 dic. 1917 (pp. 4-5).


sechas; para Aurelio Manrique éste sería un estímulo más 

para que no abandonaran sus tierras. 45 

El 13 de diciembre 

se aprobó este proyecto de ley y pasó al senado. 46 

Todavía 

los diputados yucatecos presentaron nueva iniciativa para 

que las tierras ociosas sufrieran un impuesto equivalente a 

tres tantos del ordinario. 47 

El 26 de diciembre se discutió en lo general en el senado 

la iniciativa aprobada por los diputados. Francisco S. Mancilla 

recordó que el objeto principal de esa ley era evitar el 

hambre, riesgo probable porque en ese año las cosechas de 

maíz habían tenido un déficit de la mitad. Los debates 

de los senadores repitieron muchos de los argumentos de 

los diputados; según Leonardo Pescador existían tierras 

abandonadas por la falta de dinero para pagar a los peones 

y por los atropellos de los militares; de cualquier modo 

esa ley era innecesaria porque, como lo demostraba el ejemplo 

de La Laguna, sólo se necesitaban ganas de trabajar. 

Mancilla recordó las graves proporciones que adquirió el 

hambre en 1915: sólo en Guanajuato habían muerto seis 

mil personas por esa causa. Pescador insistió en que el problema 

era la pereza campesina. En Tabasco se ofrecían buenos 

salarios a los braceros y no aceptaban; en consecuencia, 

quienes morían de hambre lo hacían por su culpa, por su 

falta de cultura. Finalmente, el proyecto fue aprobado en 

lo general sólo con cuatro votos en contra. L. G. Monzón, 

al igual que Vadillo, reconoció que ésa no era una ley 

revolucionaria, pero la apoyó porque convenía resolver siquiera 

un punto del problema agrario para que la revolución 

no se recrudeciera; esa ley en realidad no despojaba 

a los hacendados, por más que ése fuera su personal deseo. 48 

Otros senadores repitieron los argumentos del peligro del 

descanso de las tierras y de la indebida participación del mu- 

45 DDD, 8 die. 1917 (p. 7). 

46 DDD, 13 die. 1917 (p. 1G). 

47 DDD, 15 die. 1917 (pp. 12-13). 

48 DDS, 26 die. 1917 (pp. 4-22).


nicipio en los frutos de la cosecha, aunque en este punto 

Monzón aclaró que era justo resarcirlos de los gastos que 

erogaran en esa clase de labores. 49 

La iniciativa fue aprobada y enviada al presidente para 

su definitiva aprobación. Mientras tanto en Sonora y en 

Durango con gran éxito se concedieron tierras ociosas con 

base en decretos locales. 50 

El presidente devolvió en 1918 a la cámara de diputados, 

por el conducto de la de senadores, esa iniciativa 

con varias observaciones. Carranza tachó de unilateral el 

procedimiento de la ley porque prescindía del terrateniente, 

estimó conveniente tomar en cuenta los casos de fuerza mayor 

que obligaran a no cultivar las tierras y objetó, por 

injusto, que no se pagara nada al propietario. 51 

Las comi 

siones dictaminadoras rechazaron las observaciones del presidente, 

porque el procedimiento no era unilateral, simplemente 

subordinaba el interés particular al general. La 

iniciativa no era injusta por el hecho de no conceder una 

parte de los frutos al propietario, pues su espíritu era favorecer 

al proletario y constreñir al propietario a que cultivara 

sus tierras. Tampoco era injusto que los ayuntamientos 

recibieran parte de las cosechas y nada los terratenientes, 

porque voluntariamente o por incapacidad material deja 

ban ociosas sus tierras. 52 

Poco después las comisiones dicta- 

minadoras retiraron su dictamen porque se habían salido 

de sus límites legales; el 7 de diciembre de ese año de 1918 

presentaron nuevo dictamen y el voto particular de Luis 

Espinosa y J. Iturralde T. 53 

Sin embargo, hasta el 6 de septiembre de 1919 no se 

presentaron a la cámara el dictamen de la mayoría y el voto 

particular de la minoría. El dictamen, después de reconocer 

que el proyecto adolecía de algunas deficiencias, probable- 

49 DDS, 26 dic. 1917 (pp. 23-32). 

50 Informe Sonora, 1918, p. 24; Informe Durango, 1918, p. 19. 

51 DDS f 2 sep. 1918 (pp. 2-3) . 

52 DDD, 28 oct. 1918 (pp. 11-12). 

53 DDD, 5 nov. 1918 (pp. 29-30); 7 dic. 1918 (p. 21).


mente producto de la festinación con que se aprobó, no lo 

modificó esencialmente y se limitó únicamente a considerar 

las observaciones del presidente. Carranza se inspiraba en 

principios abstractos de alta justicia y los diputados en las 

necesidades de la explotada masa rural; las comisiones 

adoptaron un criterio ecléctico concediendo al propietario 

la posibilidad de concurrir a la diligencia de inspección 

ocular, para darle una oportunidad de evitar falsas certificaciones 

del ayuntamiento. En cambio, rechazaron que perjudicara 

a los terratenientes el aprovechamiento que una 

tercera persona hiciera de sus propiedades. Distinguieron los 

frecuentes casos de abandono de las tierras por desidia y por 

causas de fuerza mayor, concediendo en este último caso todas 

las oportunidades compatibles con la ley a los propietarios 

para que demostraran su inculpabilidad en el abandono 

de la tierra y recibieran una mínima parte de la 

cosecha. Los diputados de la minoría aceptaron en su voto 

particular la iniciativa tal como había sido aprobada, salvo 

la concesión a los ayuntamientos de la facultad de fijar las 

fechas de preparación de la tierra. 54 

Aprobado el dictamen de la mayoría, la cámara de diputados 

lo envió a la de senadores. 5 

Ésta lo aprobó el 4 de 

diciembre de ese año de 1919 y lo envió al ejecutivo de la 

unión el 10 de ese mismo mes y año, quien lo rechazó, 

el 19 de diciembre, porque lejos de haberse suprimido los 

puntos señalados por él en sus observaciones se acentuaban 

con una orientación contraria al espíritu y a la letra de la 

Constitución, adoptando un sistema que pugna "con los 

dictados de la equidad social, al menoscabar el derecho 

de propiedad en términos que de ninguna manera pueden 

ajustarse a las prevenciones del código supremo". El ejecutivo 

creía haber demostrado que lo guiaba el deseo de proveer 

a las necesidades de la sociedad considerada en su 

conjunto, con equidad "y con idénticas miras de justicia 

54 DDD, 6 sep. 1919 (pp. 7-11). 

55 DDS, 9 oct. 1919 (pp. 7-8).


para capitalistas y operarios". Por todas esas razones y porque 

el artículo 12 (el producto de la aparcería o del arrendamiento 

ingresaría a los fondos del ayuntamiento sin participación 

del hacendado) pugnaba con la letra de la Constitución 

y con el "espíritu igualitario que anima a nuestras 

instituciones", el ejecutivo se abstenía de promulgar la ley. 56 

La devolución de esta iniciativa de ley fue acompañada 

por unas declaraciones de Luis Cabrera en las que señaló 

los muchos defectos de que, en su opinión, adolecía, pese 

a confesar que no había estudiado el asunto a conciencia y 

de ser él uno de los padres de esa criatura. El diputado Espinosa 

hizo ver que cuando el senado envió por segunda 

vez la ley a Carranza fue para que éste la promulgara, pues 

ya no estaba facultado para hacerle nuevas observaciones, y 

que no conforme con no promulgarla la devolvió al senado 

y no a la cámara de diputados como era su obligación. Esto 

había ocurrido así porque Carranza, político porfirista de 

cuarta fila, se había mostrado un celoso defensor de los latifundistas. 

Espinosa propuso que se nombrara una comisión 

que se acercara al ejecutivo de la unión a pedirle explicaciones, 

pero fue derrotado por 117 votos contra 32. 57 

Carranza, ese "político porfirista de cuarta fila", empantanó 

este proyecto, pero él, a su vez, poco después, fue 

desplazado por la rebelión iniciada en Agua Prieta el 23 de 

abril de 1920 por los partidarios de Alvaro Obregón. En 

menos de un mes, el 21 de mayo de ese año, Carranza fue 

asesinado. Cuatro días después el Congreso de la Unión 

nombró presidente sustituto a Adolfo de la Huerta, del trío 

que encabezó esa revuelta. A los dos meses de haberse iniciado 

ese movimiento, el 23 de junio, Adolfo de la Huerta 

promulgó la ley de tierras ociosas. 

Declaró de utilidad pública el cultivo de las tierras de 

labor, y por lo tanto la nación podría en todo tiempo disponer 

temporalmente para fines agrícolas de las laborables 

56 DDS, 4 dic. 1919 (p. 13); 22 dic. 1919 (p. 3). 

57 DDD, 27 dic. 1919 (pp. 6-17); 29 dic. 1919 (p. 5).

520 


que sus propietarios o legítimos poseedores no cultivaran 

(artículo 1^). Las no barbechadas o puestas en cultivo en 

las fechas marcadas por la ley para su preparación y siembra 

quedarían a disposición de los ayuntamientos para los 

efectos de esa ley (art. 2). Se incluían las que en años anteriores 

hubieran sido cultivadas en siembras anuales de cualquier 

naturaleza durante el temporal de aguas o por sistema 

de riego o humedad y las susceptibles de abrirse al 

cultivo en el temporal, salvo las de agostadero y pastos en 

servicio, plantas vivaces y bosques que debieran conservarse 

(art. 3). Los ayuntamientos dispondrían de las tierras 

únicamente para darlas en aparcería o en arrendamiento, 

prefiriéndose a los vecinos del municipio correspondiente 

(art. 4). Las legislaturas de los estados, tomando en consideración 

las costumbres, clima, cultivos, etc., fijarían para 

cada región dentro de un mes a partir de la promulgación 

de esta ley las fechas en que terminarían los períodos de 

preparación y siembra, de modo que pudieran ser utilizadas. 

En caso dado también podrían fijar esos términos las 

comisiones permanentes de las legislaturas y los gobernadores 

provisionales (art. 5). 

El 30 de abril concluía para el Distrito Federal el término 

para la preparación de maíz, el 20 de mayo para la 

siembra, y el 20 de octubre y el 15 de noviembre, respectivamente, 

para el trigo. Los términos para Quintana Roo 

serían 5 y 20 de mayo para la siembra, y 16 y 31 de julio 

para el maíz común. En Baja California, dada la eventualidad 

de las lluvias, se facultó a los ayuntamientos para 

que, de acuerdo con los agricultores, fijaran las fechas. A 

solicitud de los propietarios los plazos podrían ampliarse 

por una sola vez, cuando lo exigieran las condiciones climatológicas 

(art. 6). 

Todo vecino tenía derecho a solicitar las tierras ociosas 

que creyera podía cultivar, y la solicitud podía ser verbal 

o por carta simple sin timbre (art. 7). El ayuntamiento concedería 

las tierras dentro de los tres días siguientes a la 

solicitud, con sólo cerciorarse de que la tierra se encontraba


sin preparar o sin sembrar. A la inspección ocular podría 

concurrir el propietario, pero su ausencia no impediría que 

se concedieran si era procedente hacerlo. La negación injustificada 

concedía al solicitante el derecho de apelar en juicio 

verbal y sumario en el que serían suficientes las simples 

presunciones. Si el fallo favorecía al solicitante, el responsable 

lo indemnizaría con el equivalente de la mitad de la 

cosecha. El permiso para el cultivo de estas tierras sería 

personal e intransferible (art. 8). Los ayuntamientos establecerían 

libremente las condiciones de la aparcería o del 

arrendamiento, pero el plazo nunca excedería de un año 

agrícola. En las tierras nuevas y no cultivadas en cuatro 

años continuos inmediatos a la aplicación de esta ley el 

plazo podría prorrogarse hasta por tres años (art. 9). 

Cuando se proporcionaran elementos de trabajo pagaría 

el labrador un máximo de un 10% de la cosecha y un 5% 

cuando sólo se proporcionara la tierra. Si ésta ya hubiera 

sido barbechada se abonaría al propietario un 2% de la 

cosecha (art. 10). En el Distrito Federal la extensión de 

la tierra no excedería de veinte hectáreas y de cien en Baja 

California y en Quintana Roo. Las legislaturas locales determinarían 

la extensión máxima en los estados correspondientes 

(art. 11). El producto de la cosecha ingresaría a los 

fondos del ayuntamiento (art. 12). El propietario no tendría 

derecho a exigir al usuario ninguna renta o indemnización, 

salvo en los casos antes señalados (art. 13). La posesión 

de las tierras de regadío traía consigo la de las aguas utilizadas 

para regarlas (art. 14). Las tierras seguirían considerándose 

propiedad de los dueños, pero el municipio sería 

poseedor a título precario durante el período legal agrícola 

respectivo (art. 15). Los ayuntamientos darían a las siembras 

toda la protección necesaria (art. 16). Los municipios 

llevarían un registro de los cultivos (art. 17). Sobre estas 

bases generales las legislaturas locales reglamentarían en los 

estados y el Congreso de la Unión en el Distrito Federal 

y en los territorios (art. 18). En fin, en los artículos transitorios 

se estableció que los gobiernos del Distrio Federal,


de los territorios y de los estados resolverían las dudas al 

aplicarse esta ley en caso de que se hiciera antes de que 

se hubiera reglamentado. 5 

* 

Pero antes de estudiar la forma en que el gobierno federal 

legisló sobre esta materia, incluso en otras leyes agrarias, 

y la manera en que varios estados la reglamentaron, 

conviene recordar que aun antes de que fuera aprobada dos 

estados expidieron sus propias leyes, anteriores pero tal vez 

en parte inspiradas en la federal. En efecto, el 15 de junio 

de 1918 Durango decretó, en uso del derecho que le concedía 

el artículo 27 constitucional que declaraba de utilidad 

pública el cultivo de las tierras de labor, que consideraría 

como ociosas las tierras que habiendo sido cultivadas 

regularmente en años anteriores no se cultivaran en las 

fechas señaladas en esta ley y las susceptibles de ser abiertas 

al cultivo, excepto las de agostadero en servicio, las 

ocupadas con huertas y los bosques que debieran conservarse. 

Incluyó, en cambio, el algodón y el maíz y dividió 

el estado en tres regiones (La Laguna, la sierra y el resto). 

Todo vecino, sin distinción de nacionalidad o sexo, tenía 

derecho a cultivar las tierras que pudiera según los elementos 

con que contara, pero tendrían preferencia los vecinos 

del municipio de su ubicación. Se concederían de una a 

diez hectáreas de riego o de aniego y de una a veinticinco 

de temporal; el beneficiario sembraría a costo con contratos 

de aparcería con quienes sólo aportaran su trabajo personal. 

El cultivador entregaría al propietario una indemnización 

del 5% de la cosecha en las tierras de temporal y 

15% en las de riego. En este último caso los usuarios cooperarían, 

conforme a la costumbre y el derecho, a la compostura 

de las presas, al cuidado de los depósitos y a la limpia 

de los acueductos. El beneficiario (no el ayuntamiento como 

en la ley federal) sería el poseedor a título a precario durante 

el año agrícola. Las autoridades, tanto civiles como 

militares, que impidieran la aplicación de esta ley sufrirían 

58 Diario Oficial (28 jun. 1920) .


un arresto de cuatro a seis meses, multa de quinientos a mil 

pesos, o ambas penas. Las tierras incultas susceptibles de 

cultivo inmediato se concederían por tres años, gratuito el 

primero y en los otros dos se pagaría el 5% en las tierras 

de temporal y el 15% en las de riego. 59 

El 27 de diciembre de 1919 Sinaloa declaró de utilidad 

el cultivo de las tierras de labor para el mayor bienestar 

de sus habitantes. Las tierras que no hubieran sido cercadas, 

limpiadas o preparadas para su cultivo pasadas las fechas 

acostumbradas en cada localidad quedarían a disposición 

de los ayuntamientos para los efectos de esta ley. Se 

incluían las que en años anteriores hubieran sido cultivadas 

en siembras anuales durante el temporal de aguas o por 

humedad y las que los vecinos denunciaran como susceptibles 

de ser abiertas al cultivo en la época de lluvias, excepto 

las de agostadero y pastos en servicio, plantas vivaces y los 

bosques que debieran conservarse por tener maderas preciosas 

de construcción. Los ayuntamientos dispondrían de 

ellas únicamente para darlas en arrendamiento, prefiriéndose 

a los vecinos del municipio. El permiso sería personal 

e intransferible. Los ayuntamientos fijarían las fechas de 

terminación, preparación y siembra, modificables por causa 

de fuerza mayor. Cuando el terreno no estuviera cercado 

el labrador pagaría de renta 10% en metálico del valor total 

de la cosecha y 15% cuando estuviera cercado; en el 

primer caso correspondería 5% al propietario y el resto al 

ayuntamiento; en el segundo, 10% al propietario y el resto 

al ayuntamiento. En las tierras nuevas y en las que hubieran 

permanecido sin ser cultivadas durante cuatro años continuos 

inmediatamente anteriores a la aplicación de esta ley 

el plazo del arrendamiento podría prorrogarse hasta por 

dos años. El producto del arrendamiento de estas tierras se 

destinaría exclusivamente al mejoramiento de los caminos. 

En la renta de las tierras pertenecientes a las comunidades 

59 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango (28 jun. 

1918), pp. 4-5.


indígenas y de las personas notoriamente impedidas (a juicio 

del ayuntamiento) sólo se deducirían los gastos erogados 

por éste. Se concederían tierras hasta para sembrar veinticinco 

litros de maíz. No podrían ser objeto de requisición 

militar ni de ningún género. 60 

La preocupación por las tierras ociosas reaparece en el 

proyecto del gobierno federal sobre fraccionamiento de los 

latifundios que Obregón presentó a la cámara de diputados 

el 9 de febrero de 1921. Como su objeto era procurar el 

mejoramiento de la agricultura, no se desmembrarían injustamente 

las grandes propiedades que usaran modernos sistemas 

de cultivo y que constituyeran unidades agrícolas 

indivisibles, para que sirvieran de ejemplo. Igualmente se 

satisfarían las necesidades de quienes carecieran de tierra, 

pero oyendo e indemnizando a quienes fueran expropiados. 

Este proyecto reconocía el derecho natural, inalienable e 

imprescriptible de poseer la superficie de terreno necesaria 

para satisfacer las necesidades de una familia "dada una 

aplicación media de trabajo". Con tal fin expropiarían los 

latifundios, las tierras mantenidas en erial durante los últimos 

cinco años y las cultivadas con procedimientos primitivos 

y anticuados. Las parcelas serían inalienables y de una 

extensión de cinco a veinte hectáreas. Los derechos de los 

adjudicatarios caducarían cuando la tierra no se cultivara 

durante un año. Se excluía de sus beneficios a los propietarios 

de más de veinte hectáreas, nacionales o extranjeros, 

así como a quienes previamente no acreditaran hábitos de 

trabajo y la necesaria capacidad para cultivar la tierra. Se 

preferiría en la adjudicación a los vecinos sobre los extraños, 

a los casados sobre los solteros, y a los arrendatarios, 

aparceros y peones. 61 

Uno de los diputados se opuso a que 

se fraccionaran las tierras que se habían mantenido eriazas 

durante cinco años, porque sus propietarios las habían abanso 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa (26 mar. 

1920), pp. 1-3. 

61 D1>D, 7 feb. 1921 (pp. 3-7).


donado a causa de la revolución. 62 

Sin embargo, poco después 

se reformó ese artículo en el sentido de que sólo se 

expropiarían las tierras mantenidas en erial durante los 

últimos cinco años siempre que su extensión excediera de 

cincuenta kilómetros. 63 

Finalmente no se dictaminaron los 

últimos artículos de esta iniciativa. 64 

En cambio, varios estados dictaron varias leyes para fraccionar 

los latifundios. La de Chihuahua de 1922 dio preferencia 

para obtener tierras a los arrendatarios, los aparceros 

y quienes se encontraran establecidos en ellas en virtud 

de la ley de tierras ociosas, los agricultores más antiguos 

y los residentes en el lugar. 65 

En efecto, desde el 16 de 

julio de 1921 el gobernador I. C. Enríquez había promulgado 

la ley reglamentaria de las tierras ociosas. Incluyó 

las dedicadas al maíz, trigo, frijol y patatas. Concedió un 

máximo de tres hectáreas de riego y quince de temporal. 66 

El secretario de Gobernación, Plutarco Elias Calles, manifestó 

a fines de abril de 1922, al aprobar el Congreso 

General de Ayuntamientos un gravamen sobre las tierras 

ociosas, grandes esperanzas de que esa ley intensificaría la 

agricultura y disolvería los latifundios. Calles basaba su entusiasmo 

en la experiencia que había tenido con la ley de 

tierras ociosas de Sonora. Esta última le parecía más radical 

que la federal, pues en algunos casos gravaba las tierras 

ociosas y en otros facultaba a cualquier persona a denunciarlas 

e inmediatamente le autorizaba a cultivarlas durante 

un año si el denunciante no tenía que hacer trabajo alguno 

para el cultivo, pero si tenía que realizar alguna obra la 

autorización se ampliaba a tres años. 67 

Al año siguiente, 1923, el estado de Hidalgo declaró de 

utilidad pública el fraccionamiento de los latifundios. Esta 

62 DDD, 27 abr. 1921 (pp. 2-19). 

68 DDD, 28 abr. 1921 (pp. 2-19). 

64 DDD, 6 jul. 1921 (p. 8). 

65 Ley agraria Chihuahua, 1922, p. 18. 

66 Alcance al Periódico Oficial de Chihuahua (18 jul. 1921). 

67 El Demócrata (25 abr. 1922).


ley comprendió cuatro puntos principales: fraccionamiento 

de los latifundios, patrimonio familiar, deuda agraria y tierras 

ociosas. Consideró en esta última clase los terrenos que 

dejaran de cultivarse dos años consecutivos sin causa justificada, 

los cuales quedarían a disposición de quien deseara 

sembrarlos por su cuenta, quien tendría derecho a cultivarlos 

por dos años y después todo el tiempo que el propietario 

no lo reclamara. Los cultivadores de estas tierras 

pagarían las contribuciones correspondientes y abonarían al 

propietario un 5% del importe de la cosecha, pero gozarían 

de todas las garantías de los demás trabajadores de las 

fincas. 68 

La ley yuca teca del 23 de noviembre de ese año de 1923 

partía del hecho de que existían muchas haciendas abandonadas 

por la imposibilidad de continuar cultivándolas, tanto 

por la mala situación económica de sus propietarios como 

porque muchos hacendados, habituados a trabajar bajo un 

sistema de esclavitud, no podían continuar cultivándolas 

respetando la libertad de sus trabajadores. Esta antinomia 

la pudo resolver Salvador Alvarado porque su administración 

coincidió con una etapa de máxima demanda de henequén. 

Como, al parecer, Felipe Carrillo Puerto no había 

podido resolver la contracción de la demanda de la fibra, 

muchas haciendas fueron abandonadas. Para solucionar 

ese problema se necesitaba expropiar rápidamente, porque 

el mayor de los derechos era la "existencia colectiva". 

Carrillo Puerto decretó, por tanto, que las haciendas de henequén, 

caña de azúcar y ganado que estuvieran abandonadas 

podrían ser incautadas y expropiadas por el gobierno a 

pedimento de las ligas de resistencia o asociaciones de trabajadores 

del campo, con objeto de continuar cultivándolas 

o repoblándolas. Se dispuso que el precio de la hacienda se 

cubriera en anualidades por la liga beneficiada, con el 50% 

de las utilidades netas que dejara la producción, pero que 

68 Ley agraria Querétaro, 1923, pp. 100-135.


mientras la hacienda no produjera la liga no estaba obligada 

a ninguna clase de pago. 69 

Durante la presidencia de Calles dos estados reglamentaron 

la ley federal de 1920, ambos en 1926. El primero de 

ellos, Nayarit, el 26 de febrero, dividió el estado en tres 

zonas: los municipios de la costa, los próximos a Tepic, y 

los del sur. Entre los cultivos consideró hortalizas, sandías, 

melón, arroz, garbanzo y otros granos; también distinguió 

entre tierras de temporal y con yuntas y coamiles. Concedió 

un máximo de tres hectáreas de riego, seis de verano o de 

húmedo y nueve de temporal. No consideró entre las tierras 

ociosas las que tuvieran montes para "sombrío" de ganado, 

y corte de madera para fábricas y estanterías. 70 

El 18 

de mayo de ese mismo año Zacatecas reglamentó la ley federal 

considerando sólo dos cultivos, maíz y frijol, y concediendo 

una extensión máxima de cincuenta hectáreas 

calculadas a razón de siete hectáreas por cada yunta de que 

dispusiera el solicitante. 71 

En 1930 dos estados más reglamentaron la ley federal 

de tierras ociosas. Guerrero, el 22 de marzo, exceptuó de esta 

ley agostaderos y pastos en servicio, plantas vivaces y los 

bosques que debían conservarse. Dividió el estado en tres 

zonas (caliente, cálida y templada). Las fechas de preparación 

y de siembra variaban para los cultivos de ajonjolí, 

algodón y maíz. Mientras la ley federal concedía a los ayuntamientos 

el carácter de poseedores a título precario, este 

reglamento otorgaba tal carácter a los usuarios. 72 

Lázaro Cárdenas promulgó el 22 de mayo de 1930 la ley 

michoacana, basado en que el artículo 27 constitucional, al 

considerar a la tierra como una función social sujeta a las 

69 GONZÁLEZ NAVARRO, 1970b, pp. 248-249. 

70 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno del Estado de Nayar 

(4 abr. 1926), pp. 1-7. 

71 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas (22 may 

1926), p. 653. 

72 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero (2 abr. 

1930), pp. 4-5.


modalidades que dictara el interés público, posibilitaba hacer 

de ella un medio "en virtud del cual pudieran realizar 

su derecho a la existencia todos aquellos individuos capacitados 

físicamente para trabajarla". Pese a que la ley federal 

había sido dada a conocer desde el 23 de julio de 1920 

y pese a las considerables extensiones de tierras ociosas no 

aprovechadas por propietarios inspirados en el "concepto 

romanista del derecho de propiedad en desuso", aún no se 

había reglamentado en Michoacán. Esta ley incluyó una 

amplia nómina de cultivos: ajonjolí, maíz, frijol, camote, 

hortalizas, arroz, cacahuate, caña de azúcar, jitomate, chile 

verde, trigo, cebolla, sandía, melón, papa, haba, linaza 

y garbanzo. Los propietarios o poseedores de terrenos 

de labor lamados de "año y vez" o los que pretendieran 

dejarlos en descanso, deberían manifestarlo por triplicado 

a la autoridad municipal de su jurisdicción a fin de que les 

permitiesen que quedaran inactivos. Los terrenos se concederían 

en el orden de fechas de las solicitudes, prefiriéndose 

a los vecinos con una residencia mínima de seis meses. 

El concesionario que cosechara fraudulentamente pagaría 

el doble de la renta designada por el tasador de acuerdo 

con el rendimiento medio por unidad de superficie de la región. 

El poder ejecutivo local designaría las escuelas o los aspectos 

educativos a que se destinaría el fondo formado por la 

explotación de las tierras ociosas. Se concederían hasta diez 

hectáreas de riego o humedad y hasta veinticinco de temporal 

o secano. Como estas tierras deberían trabajarse personalmente 

se prohibían subarriendos o aparcerías. Esta última 

disposición contradecía la ley federal. 73 

Veracruz había aplicado la ley de tierras ociosas con 

éxito desde la época en que Obregón era presidente. 74 

El 

30 de junio de 1931 promulgó una nueva ley destinada al 

aprovechamiento de las tierras agrícolas o ganaderas. Esta 

última categoría rebasaba la ley federal que sólo había dis- 

73 Ley tierras ociosas Michoacán, 1930, pp. 1-15. 

74 Informe Veracruz, 1923, p. 38.


529 

puesto la utilización de tierras de labor. La ley veracruzana 

exceptuó las tierras cultivadas o debidamente preparadas 

para ser sembradas desde luego, así como las partes sembradas 

de árboles frutales, o, en general, de árboles de producto; 

los agostaderos y pastos en servicio si se probaba que 

eran los únicos que poseían los propietarios o poseedores 

y les eran indispensables para los animales que en ellos tuvieran; 

las reservas forestales; las tierras comprendidas en 

los contratos de colonización (federales o del estado); las 

destinadas a la industria petrolera en lo estrictamente necesario 

para el servicio de esa industria, y las ejidales, tanto 

provisionales como definitivas. Cada campesino tendría derecho 

a seis hectáreas en terrenos de riego o de humedad 

diez de temporal que aprovechara la precipitación pluvial 

y quince de temporal de otras clases, sin perjuicio de una 

extensión suficiente para veinticinco cabezas de ganado. La 

compensación al propietario no excedería del 4% anual 

del valor inscrito en el registro público de la propiedad, y 

en las tierras de agostadero y en pastos de 1 a 3% por hectárea. 

Se prohibía a los beneficiarios de esta ley arrendar a 

terceras personas estas tierras, en su totalidad o en parte. 75 

Rodolfo Elias Calles promulgó la ley reglamentaria de 

tierras ociosas de Sonora el primero de noviembre de 1932. 

Dividió el estado en norte y sur. Incluyó los cultivos de 

maíz, trigo y frijol y concedió un máximo de veinte hectáreas 

de temporal y diez de riego. En sus beneficios dio 

preferencia a los sindicatos de campesinos y trabajadores 

reconocidos oficialmente. 76 

Jalisco promulgó el 23 de agosto 

de 1934 la ley reglamentaria de tierras ociosas. El estado 

se dividió en zonas caliente, fría y templada, pero autorizó 

al ejecutivo a modificar esa distribución conforme a los 

datos del departamento de control agrícola. No se considerarían 

tierras ociosas las cubiertas con macizos forestales, las 

75 Boletín Mensual del Departamento de Economía y Estadística 

de la Secretaria de Agricultura y Fomento [jun. 1931], p. 260. 

76 Boletín Oficial de Sonora (9 nov. 1932), pp. 1-2.


de agostadero y las que estuvieran en descanso. Concedió 

una extensión máxima de cuatro hectáreas de riego, ocho 

de humedad y doce de temporal. Otorgó a los denunciantes 

quince días a partir de la fecha en que las hubieran recibido 

para prepararlas: pasado ese plazo se darían a un 

nuevo denunciante con igual gracia y si tampoco en este 

término las preparaba volverían al dueño o poseedor. Los 

mismos plazos eran aplicables para la siembra. 77 

Durante la presidencia de Cárdenas se dictaron cinco leyes 

reglamentarias sobre tierras ociosas y se reformaron dos. 

Tabasco concedió el 23 de diciembre de 1935 a cualquier 

ciudadano el derecho á solicitar esta clase de tierras por 

escrito. Excluyó las plantas viváceas (egipto, para, zacate 

gordura, zacate elefante, etc.), y los bosques protegidos por 

las leyes forestales. Consideró que una hectárea de pasto 

podía sostener una cabeza de ganado mayor en engorda y 

dos en reparto. Tendrían preferencia para obtenerlas los 

vecinos del municipio y quienes primero las solicitaran. Sugirió 

la conveniencia de especificar las colindancias y, de 

ser posible, fotografiar las tierras. Cuando las solicitudes 

se resolvieran afirmativamente se daría posesión inmediata 

de ellas. De las resoluciones negativas se podría apelar 

ante el juez del lugar en juicio verbal sumario. Si se confirmaba 

la apelación se entregaría al denunciante la mitad 

del producto obtenible. Si el ayuntamiento refaccionaba al 

denunciante percibiría un máximo del 10% de la cosecha; 

la mitad si sólo proporcionaba la tierra. En las tierras desmontadas 

por el propietario se abonaría a éstos el 2% de 

la cosecha. Se concedería un máximo de ocho hectáreas 

laborables de cualquier calidad. 78 

La ley tamaulipeca del 22 de julio de 1936 incluyó las 

tierras que se sembraran una vez al año, salvo el inmediato 

77 Estado de Jalisco — Periódico Oficial del Gobierno (28 ago. 

1934), pp. 226-239. 

78 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno Constitucional del Es 

tado de Tabasco (28 dic. 1935).


anterior, las de pastoreo a razón de una hectárea por cabeza 

de ganado mayor, frutales, cultivos cíclicos (caña de azúcar, 

alfalfa, henequén), las praderas artificiales de riego o temporal, 

y las que dadas en aparcería no se hubieran cultivado 

por causas imputables al aparcero. Si la petición del 

solicitante se rechazaba podía recurrir al gobernador; si éste 

comprobaba que eran utilizables el ayuntamiento indemnizaría 

al solicitante con una cantidad equivalente al valor 

de las cosechas. El ayuntamiento pagaría los impuestos de 

la participación que le correspondiera de la cosecha. Concedió 

una superficie máxima de seis hectáreas, negó a los 

ejidatarios en posesión de su parcela y a las personas que 

no pudieran cultivarlas por sí mismas el derecho a solicitar 

esta clase de tierras. La concesión de las tierras traía aparejada 

la de las aguas, pero limitada a las sobrantes del 

propietario o del aparcero; en este caso contribuiría proporcionalmente 

a la limpia de los canales y de las cargas de 

agua. El solicitante estaba obligado a cercar, y de no hacerlo 

incurriría en responsabilidad por los daños que pudieran 

originarse. Las mejoras quedarían en beneficio del poseedor 

o propietario, salvo las cercas, que podrían retirarse. 79 

Chiapas, al reglamentar la ley federal el 3 de diciembre 

de 1936, tomó en cuenta las considerables extensiones que 

por diversas causas los propietarios no habían querido o 

podido cultivar, la notoria escasez de los cereales que "consume 

nuestro pueblo humilde'' y el considerable número 

de solicitudes de tierras ejidales no resueltas aún. Dividió 

el estado en tres zonas (fría, templada y caliente), y fijó 

para cada una de ellas las fechas correspondientes para los 

cultivos de maíz, frijol, haba, cebada, garbanzo, arroz, tabaco 

y ajonjolí. Estableció una extensión máxima de cuatro 

hectáreas de riego y el doble de temporal. 80 

Esta ley se reformó 

el 12 de abril de 1939 porque no coincidían en la 

79 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas (25 jul. 1936), pp. 479-480. 

«o Alcance al número 48 del Periódico Oficial (Tuxtla Gutiérrez, 

3 dic. 1936) , p. 3.

532 


práctica las fechas fijadas para la preparación y la siembra 

de los diversos cultivos. Por tanto, las zonas se ampliaron 

a cuatro (fría, templada, caliente húmeda y caliente 

seca) y a cada una le fijaron dos períodos, excepto a las 

tierras de riego, porque eran cultivables en cualquier tiempo, 

dejando sólo un período para que se levantara la cosecha. 

En vista de que los ayuntamientos estaban más en 

contacto con los campesinos (únicos interesados en las tierras 

ociosas) ellos interpretarían las dudas, y sólo cuando no 

pudieran resolverlas lo haría el Departamento Agrícola y de 

Ganadería del estado. Esta ley excluyó de los cultivos considerados 

en la ley anterior el garbanzo, el arroz y el tabaco, 

pero añadió el trigo. 81 

Tocó a Javier Rojo Gómez reglamentar la ley federal 

de tierras ociosas de Hidalgo, veintiún años después de que 

se había dictado la primera en el período preconstitucional. 

Dividió el estado en tres zonas (fría, caliente y templada). 

Para determinar la fecha de la preparación se tendría en 

cuenta el cultivo comúnmente practicado. En el caso de no 

haber sido cultivada en los tres años anteriores, la época 

más corta en el cultivo más corto de la zona. A solicitud 

de los propietarios el plazo podría ampliarse diez días 

antes de vencer por una sola vez si daban una fianza un 

10% igual al costo de la siembra. Se preferiría a los solicitantes 

comprendidos en el padrón ejidal que aún no hubieran 

obtenido tierras, a los peones^acasilados carentes de 

ellas y a los pequeños propietarios vecinos del lugar; en segundo 

término se tendría en cuenta la antigüedad de la solicitud. 

Concedió un máximo de cinco hectáreas de riego, 

veinte de temporal y setenta de agostaderos o pastos. 82 

La ley de Colima del 11 de abril de 1938 dividió el estado 

en zonas caliente y templada. No se considerarían ociosas 

las cubiertas con macizos forestales, las de agostadero y 

81 Alcance al número 15 del Periódico Oficial (Tuxtla Gutiérrez, 

12 abr. 1939), p. 7. 

82 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo (24 mayo 

1937), pp. 216-217.


533 

las que estuvieran en descanso. Se concedería un máximo 

de nueve hectáreas de temporal, tres de riego y seis de humedad. 

Un año después se modificó esta ley precisando que 

no podrían reputarse como ociosas las dedicadas a explotaciones 

ganaderas para aprovechamiento de la leche y sus 

derivados, considerándose como la extensión necesaria para 

el mantenimiento del ganado una hectárea de terreno fértil 

y dos de eriazo o de agostadero por cabeza de ganado mayor. 

83 

Casi al finalizar el gobierno de Cárdenas, Zacatecas 

modificó su ley reglamentaria para ampliar la facultad que 

tenían los propietarios con respecto a las tierras sembradas 

dos años consecutivos o más a dejarlas ociosas por un solo 

año agrícola, para permitirles recuperar sus propiedades 

fertilizantes. 84 

En 1941, veinticinco años después de que había legislado 

sobre tierras ociosas, Aguascalientes reglamentó la ley federal 

de 1920. Ninguna podría ser solicitada como ociosa, 

siendo de riego, para destinarla a cultivo de temporal, sino 

hasta que transcurriera el término del cultivo de temporal. 

Grandes y pequeños propietarios y ejidatarios con parcela 

no podrían solicitar tierras ociosas. Los ayuntamientos, no 

los presidentes municipales, resolverían las solicitudes. Los 

solicitantes de tierras nuevas sólo tendrían derecho al 25% 

del desmonte; el resto correspondería a los propietarios. 

Además, deberían abrirlas y desmontarlas en su totalidad. 85 

En fin, Nayarit, en 1964, modificó su ley de 1926 para 

aumentar la superficie máxima otorgable conforme a esta 

ley a diez hectáreas en terrenos de verano y húmedo y el 

doble en los de temporal. 86 

88 El Estado de Colima — Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 

(16 abr. 1938), p. 86 (8 abr. 1939). 

•84 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno del Estado de Zaca 

tecas (25 mayo 1940), p. 447. 

85 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno Constitucional del Es 

tado de Aguascalientes (25 mayo 1941), pp. 1-4. 

®6 Periódico Oficial — Órgano del Gobierno del Estado de Naya 

rit (30 mar. 1964).


En el período de 1914 a 1964 se dictaron, o reformaron, 

treinta y dos leyes (2 federales, 30 estatales) sobre tierras 

ociosas: seis en el período preconstitucional, cuatro durante 

la presidencia de Carranza, una con De la Huerta, cinco 

con Obregón, dos con Calles, tres con Portes Gil, dos con 

Abelardo Rodríguez, siete con Cárdenas, una con Ávila 

Camacho y otra más con López Mateos. Al parecer sólo seis 

estados no legislaron en esta materia: Nuevo León en el 

Norte, México, Morelos y Tlaxcala en el Centro, Campeche 

en el Golfo de México y Oaxaca en el Pacífico sur. 

Cabe recordar las críticas que un jurista hizo hace más 

de treinta años a la ley de 1920: i. Es ineficaz porque los 

ayuntamientos sólo pueden tener conocimiento de que una 

tierra está ociosa cuando ya ha pasado el tiempo más propicio 

para cultivarla. 2. Como la concesión de estas tierras 

se realiza sin ninguna declaración previa, los propietarios 

han recurrido con éxito al amparo. 3. El haber dejado la 

aplicación de una ley federal en manos de las autoridades 

locales la ha hecho inoperante, porque muchos estados no 

la han reglamentado. Para solucionar ese problema el PNR 

propuso que los propietarios de tierras cultivables mayores 

a una hectárea avisaran al ayuntamiento de su jurisdicción 

treinta días antes de la fecha de cultivo si no podían 

trabajarlas. En segundo lugar, los presidentes municipales 

convocarían a los interesados a cultivar estas tierras. 87 

Este 

plausible proyecto exageraba el número de estados que no 

habían reglamentado esta ley. 

En fin, para apreciar mejor su significado, conviene recordar 

que la legislación sobre tierras ociosas es complementaria 

de las principales leyes agrarias y que se expidió 

cuando éstas apenas comenzaban a aplicarse: el fraccionamiento 

de los latifundios y la dotación y restitución de los 

ejidos. Para evaluar su significación histórica se necesitaría 

conocer la época en que se concedieron las tierras ociosas, 

el número de hectáreas otorgadas, dónde y a qué cultivos se 

#7 MENDIETA Y NÚÑEZ, 1946, pp. 342-344.


dedicaron, la presión demográfica y el desarrollo económico 

de esas regiones, su régimen de lluvias e irrigación, la 

organización de campesinos, hacendados y neolatifundistas, 

los conflictos a que dio lugar su otorgamiento, etc. 

Por ejemplo, en 1935, al aplicarse esta ley en la hacienda 

de Vallaría, en Puebla, disputaron los vecinos de los 

pueblos de Tepatlaxco y Tlaxco. 88 

Poco después se opuso 

una "lluvia" de amparos a esta ley. En Villa Obregón, por 

ejemplo, la compañía agrícola "Arsa" impugnó la "expropiación" 

de 130 hectáreas en favor de la cooperativa "Vista 

Alegre". El mismo Nacional comentó sorprendido que se estuvieran 

concediendo esta clase de tierras en el Distrito Federal, 

dada su baja densidad. Más significativo aún es que 

el pueblo de Tepepan se amparó para defender las lomas 

de Guadalupe, pues aseguraba que las tenía sembradas. 819 

Por último, en 1879, varios pueblos de Guanajuato y 

de Querétaro, con las armas en la mano, condenaron las 

inmensas tierras incultas de las haciendas. 90 

Todavía a casi 

un siglo de distancia, en 1972, la CNC pidió que se vendieran 

a los campesinos las tierras ociosas. 91 

SIGLAS Y REFERENCIAS 

DDD Diario de los debates de la cámara de diputados, 

México. 

DDS Diario de los debates de la cámara de senadores, 

México. 

«8 El Nacional (3 oct. 1935). 

S9 El Nacional (10, 17 oct. 1935) . 

90 GONZÁLEZ NAVARRO, 1957, p. 241. 

91 Excélsior (7 mayo 1972).


ABAD Y QUEIPO, Manuel 

1837 "Escritos sobre crédito público", en José María Luis 

MORA: Obras sueltas, París, Librería de Rosa, t. i. 

GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés 

1957 El porfiriato — La vida social, México, Editorial 

Hermes, 1957. (Daniel Cosío VILLEGAS: Historia moderna 

de México, iv.) 

1970a La Confederación Nacional Campesina — Un grupo 

de presión en la reforma agraria mexicana, México, 

Costa-Amic. 

1970b Raza y tierra — La guerra de castas y el henequén, 

México, El Colegio de México. 

1971 La reforma y el imperio, México, Secretaría de Educación 

Pública, 1971. «SepSetentas, 11.» 

GONZÁLEZ ROA, Fernando 

1915 El problema ferrocarrilero y la compañía de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, México, Carranza 

e hijos impresores. 

Informe Aguascalientes 

1916 Informe rendido por el ciudadano general Martín 

Triana al ciudadano Venustiano Carranza, primer 

jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 

poder ejecutivo de la nación, por su gestión administrativa 

en el estado de Aguascalientes de agosto 

de 1915 q junio 13 de 1916, Aguascalientes, Imprenta 

del Gobierno del Estado. 

Informe Durango 

1918 

Informe rendido por el ciudadano gobernador constitucional 

del estado a la xxvii legislatura del mismo 

al inaugurar su primer período de sesiones, 

Durango, Imprenta del Gobierno del Estado. 

Informe Guanajuato 

1916 Informe general que rinde el suscrito gobernador y 

comandante militar del estado de Guanajuato al 

ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionalista, 

encargado del poder ejecutivo de la nación, 

ciudadano Venustiano Carranza — Noviembre 15 de 

1916, Guanajuato, Imprenta del Gobierno.


Informe Hidalgo 

1916 Informe que el ciudadano general de brigada Nicolás 

Flores, gobernador y comandante militar del 

estado de Hidalgo, rinde al ciudadano Venustiano 

Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, 

encargado del poder ejecutivo de la nación, por 

conducto de la Secretaria de Estado y del Despacho 

de gobernación, Pachuca, Tipografía del Gobierno 

del Estado. 

Informe Puebla 

1917a Informe rendido por el ciudadano gobernador interino, 

general de división don Cesáreo Castro, ante 

la xxiii legislatura del estado, Puebla, Imprenta 

de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, julio. 

1917b Informe que el jefe del Departamento Ejecutivo leyó 

el 30 de septiembre de 1917 ante la honorable xxiii 

legislatura del estado de Puebla en cumplimiento 

de lo prevenido en el articulo 29 del decreto de 

27 de julio del presente año, al clausurar su segundo 

periodo de sesiones ordinarias, Puebla, Tipográfica 

de la Escuela de Artes y Oficios del 

Estado. 

Informe San Luis Potosí 

1917 Informe que rinde el general brigadier Alfredo Breceda, 

gobernador provisional del estado libre y soberano 

de San Luis Potosí, de las labores llevadas 

a cabo por el gobierno durante todo el período preconstitucional, 

a la xxv legislatura del mismo, San 

Luis Potosí, Talleres de la Escuela Industrial Militar 

"Benito Juárez". 

Informe Sonora 

1918 Informe que rinde el ciudadano general Plutarco 

Elias Calles, goberador constitucional del estado de 

Sonora, ante la xxiv legislatura del mismo, acerca 

' de sus gestiones durante el periodo comprendido 

entre el 19 de abril al 16 de septiembre de 1918, 

Hermosillo, Imprenta del Gobierno del Estado. 

Informe Veracruz 

1923 Informe que rinde el ejecutivo del estado libre y 

soberano de Veracruz-Llave ante la honorable le- 

537

538 


gislatura del mismo por el periodo comprendido del 

16 de septiembre de 1922 al 5 de mayo de 1923, 

Jalapa-Enríquez, Oficina Tipográfica del Gobierno 

del Estado. 

Ley agraria Chihuahua 

1922 Ley agraria expedida por la xxix legislatura del 

estado de Chihuahua. Chihuahua, Imprenta del Gobierno 

del Estado. 

Ley agraria Querétaro 

1923 Ley agraria del estado de Querétaro, 8 de mayo 

de 1923, s. p. i. 

Ley tierras ociosas Michoacán 

1930 Ley reglamentaria de tierras ociosas del estado de 

Michoacán Ocampo, Morelia, Tipografía de la 

E. T. I. "Alvaro Obregón". 

Memoria Cuernavaca 

1850 Memoria política y estadística de la prefectura de 

Cuernavaca, presentada al superior gobierno del estado 

libre y soberano de México por el licenciado 

Alejandro Villaseñor, prefecto del propio distrito, 

México, Imprenta de Cumplido. 

Memoria San Luis Potosí 

1829 Memoria, con que el gobierno del estado libre y 

soberano de San Luis Potosí dio cuenta a la segunda 

legislatura, constitucional del mismo en el primer 

periodo de sus sesiones ordinarias el 7 de febrero 

de 1829, San Luis Potosí, Imprenta del Estado en 

Palacio. 

1849 Memoria con que el estado libre y soberano de San 

Luis Potosí, en cumplimiento del articulo 113 de la 

Constitución, dio cuenta a la sétima legislatura de 

sus sesiones ordinarias, San Luis Potosí, Imprenta 

del Estado. 

MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio 

1946 El problema agrario de México, México, Editorial 

Por rúa. 

MORA, José María Luis 

1837 Obras sueltas, París, Librería de Rosa.


ROSA, Luis DE LA 

1851 Observaciones sobre varios puntos concernientes a 

la administración pública del estado de Zacatecas, 

Baltimore, Juan Murphy y Cía. 

ZARCO, Francisco 

1956 Historia del Congreso Extraordinario Constituyente 

-183é-1857, México, El Colegio de México, 1956. 

539

LAS TIERRAS OCIOSAS - Aleph Ciencias Sociales

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?