Al morir Dulce María de La Rosa Montesino, pasó a su nieto el derecho de tramitar la aprobación del nuevo otorgamiento de usufructo sobre el área entregada al autoabastecimiento, en la tierra que ella y su esposo arrendaron a la Empresa Pecuaria Genética (EPG) Los Naranjos.
Era diciembre de 1999, y Ihosvany Morera González, quien desde hacía nueve años trabajaba establemente la parcela, no ha podido ostentar el certificado como poseedor de la finca Luz de la Esperanza, aun con los cambios en los disposiciones legales en torno a estos procesos.
Asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios Rubén Martínez Villena, en Alquízar, asegura haber iniciado el papeleo en el año 2000, proceso que retomó en dos ocasiones ante el extravío del expediente con los documentos para la tramitación, según le notificaron, cada vez, en la Oficina de Control de la Tierra de la Delegación Municipal de la Agricultura.
En cambio, Ihosvany no ha dejado de atender las 0.16 hectáreas que heredó de sus abuelos; mucho menos dejó de entregar los diez litros diarios de leche al “tiro directo”, ni de soñar con ampliar esos límites e incrementar la masa ganadera.
Sus reses desandan en “tierras de nadie”, como deja entrever el estado de las áreas donde un día se erigió la vaquería 85 (perteneciente a la Empresa Pecuaria Genética Los Naranjos), hoy en ruinas, víctima del vandalismo pululante en la zona y de la maleza.
Si la ley establece que en el fondo de tierras ociosas se consignan aquellas áreas con la presencia total o parcial de marabú y otras plantas invasoras, ¿por qué poner trabas a quienes, acorde con los intereses del Estado, quieren aportar al crecimiento y diversificación de la agricultura?
El beneficio de la tierra
Según el Decreto-Ley 358/2018, en su artículo 5.2, las tierras e instalaciones de los planes estatales de desarrollo de la ganadería genética solo se entregarán a las empresas o granjas estatales con personalidad jurídica.
Pero donde había un usufructo ya constituido y a partir de una de las causales de extinción, como el fallecimiento de una persona, la EPG Los Naranjos generalmente decide mantener el área dentro del fondo de tierra, explica Roberto Jesús Lugo Ortega, Especialista Principal en Normativas y Técnicas Agropecuarias en la institución.
“A partir de las indicaciones y premisas orientadas a nivel nacional para potenciar la producción de alimentos, hemos valorado la entrega de áreas que la empresa reconoce no podrá trabajar en un período mínimo de diez años, como parte de su proyecto estatal.
“Con esta decisión, se han beneficiado productores tenedores de ganado sin tierra, que producen leche y entregan a una bodega para apoyar la canasta familiar.
“En otros casos, hemos derivado un proceso sobre pequeñas parcelas de tierra a fin de vincularlas a las Granjas Urbanas de los municipios, lo cual constituye otro ingreso productivo a la alimentación local”.
La EPG, con un total de 32 775.14 hectáreas, administra tierras en cinco municipios: Artemisa, Caimito, Alquízar, Guanajay y Bauta. Ha entregado en usufructo 5 475.79, y posee unas 7 000 infectadas de plantas invasoras.
No obstante, reconoce el especialista que ningún solicitante a Los Naranjos de una extensión de tierra puede decir que no recibió una respuesta conforme con la ley.
“Estamos convencidos que los procesos agrarios se vuelven morosos en la base. Si bien corresponde a la empresa intervenir en los métodos para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, la parte más compleja recae sobre las Oficinas Municipales de Control de la Tierra”, asegura Lugo Ortega.
Medios para un fin
Aun cuando dentro del procedimiento para la legalización del usufructo la mayor participación la tienen las delegaciones o direcciones municipales de la Agricultura, en el proceso intervienen otras entidades.
“Queda radicado el expediente, el jefe de la oficina pide a la dirección municipal de Planificación Física la Certificación Catastral de la tierra solicitada. Esta a su vez cuenta con 60 días para emitir el documento, cuyo término casi siempre viola lo establecido”, reconoce Olga Lidia Díaz Hernández, jefa del Departamento de Tierra y Tractores de la Delegación Provincial de la Agricultura.
Asimismo, Lugo Ortega, miembro además de la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios, y Arisbel Aguiar Lazo, Jefa del Registro de la Tierra en Alquízar, coinciden con que la conciliación entre Planificación Física y el municipio tiende a hacer el tramo más enrevesado.
“En las oficinas municipales no existe ni el equipamiento, ni las condiciones para asumir el proceso de medición. Por eso se contrata este servicio al Grupo Empresarial GEOCUBA”, declara Diana Rosa Cruz Aponte, jefa del Departamento de Catastro de la Dirección Provincial de Planificación Física.
“Para no dar causa a un litigio, la entidad contratada exige la presencia de un inspector y un representante de la empresa que administra la tierra. Reunir ambos actores suele ser complicado y, por consiguiente, el procedimiento suele irse de término”.
Una vez superado este nivel, corresponde expedir en un plazo de diez días el certificado sobre la aptitud del uso del suelo, y el avalúo de las bienhechurías existentes, según establece el Decreto 350/2018.
Pero, lo concerniente a la evaluación de los bienes agropecuarios y forestales deviene otra debilidad del proceso, resultado de la falta de personal calificado en las empresas agropecuarias para asistir este proceder, agrega Olga Lidia Díaz Hernández.
“Se trata de un procedimiento serio, pues la detección de una irregularidad dentro de peritaje es considerada un hecho delictivo”, señala Lugo Ortega, el especialista de Los Naranjos. “Debe constituir una prioridad para la Delegación de la Agricultura y la escuela de capacitación provincial promover la formación de estos profesionales”.
Las cuestiones aquí descritas muy brevemente hacen vulnerable el proceso, incluso donde es prioridad ser ágiles, como el otorgamiento de tierras ociosas en concepto de usufructo a jóvenes desmovilizados del Servicio Militar Activo que solicitan este modo de empleo.
Desenlace con contratiempos
El beneficio de las tierras estatales a personas naturales constituyó en el año 2008 una de las principales reformas económicas impulsadas por el Gobierno cubano, con tal de elevar la producción de alimentos y reducir su importación.
A la par de lo aprendido en los últimos años, se atemperaron las disposiciones legales que antecedieron a las condiciones socioeconómicas de estos tiempos, para buscar en esas áreas el sostenido incremento y variedad en la producción. Desde luego, no toda experiencia suele tener un final sin mayores contratiempos.
Revisar, proponer, hurgar en la base de qué problemas persisten y hacen del aparato legal una letra fría y lejana, son cuestiones impostergables para sortear con éxito la crisis.
Con el buen obrar devolvamos la confianza no solo a Ihosvany Morera, también a Erick Noda y a Juan Santoyo, cada uno con una historia diferente y un desenlace por ver.
Veo un análisis del problema en sí, se tienen identificadas las causas y hasta donde están las mayores complicaciones, los puntos críticos en ese tipo de gestión, pero no se habla de soluciones, ni a corto ni a mediano plazo, ¿Papeleo engabetado desde el año 2000?, ¿Habrá que esperar por futuros especialistas que aún no han sido seleccionados, que aún no han iniciado estudios?¿Porque contratar servicios cuando lo que necesitan son los medios necesarios, el equipamiento? ¿Acaso no pueden hacer un solo gasto en equipos en aras de agilizar los procesos y así no tendrán que realizar gasto sistemáticos en pagarle a Geocuba, que por demás exige condiciones que se reconocen como complicadas?
En resumen, creo que deben repensar esta problemática y buscar con rapidez las soluciones más ajustadas a la realidad que enfrenta hoy nuestra economía, que por demás no puede darse el lujo de estar esperando «soluciones engavetadas».