La Toma de la Bastilla: orígenes y estallido de la Revolución Francesa

La revolución francesa fue un proceso histórico cuyos ecos resuenan en la sociedad europea y mundial desde hace más de dos siglos. El impacto de la revolución ha sido tan fuerte que es considerado “el punto de arranque de la época contemporánea” (Villares y Bahamonde, 2015: 59). A día de hoy, 230 años después, sigue arrojando numerosos debates e interpretaciones: ¿fue una revolución burguesa? ¿La participación de la población francesa fue determinante para consolidar la revolución? ¿Tuvo algún impacto en la sociedad europea o fue, como defienden algunos revisionistas, un simple hecho histórico que pasó sin pena ni gloria? Los debates se han extendido desde los primeros momentos de la revolución en 1789 hasta la actualidad. Si bien sigue habiendo una corriente que tratar de negar cualquier influencia de la revolución en la historia posterior lo cierto es que, como decía Hobsbawm (2018: 57), “la revolución francesa dominó la historia, el lenguaje y el simbolismo de la política occidental desde su comienzo hasta el periodo posterior a la primera guerra mundial”.

Sin embargo, no se busca aquí analizar esas polémicas y discusiones historiográficas, sino mostrar cuales fueron las causas que posibilitaron que en julio de 1789 fuera tomada la fortaleza de la Bastilla —símbolo del absolutismo—, se salvara la Asamblea Nacional y se iniciara un nuevo periodo en la historia de Francia. Este artículo trata de desgranar los factores y sucesos que condicionaron el malestar social y político durante la fase final del reinado de Luis XVI. También se analiza cómo y por qué se produjo la revolución de 1789. Asimismo, con este texto se da inicio a una serie de artículos sobre la revolución francesa, que finaliza con la subida de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799 al trono imperial y el inicio del I Imperio Francés.

La Francia prerrevolucionaria

Hasta 1789 Francia fue una monarquía absoluta, un sistema de gobierno en el que Luis XVI, apoyado en un reducido sector de la nobleza, regía bajo mandato divino el destino de cerca de veintiocho millones de franceses. En esos momentos existía un Estado, el francés, pero no la nación francesa. Habrá que esperar a 1789 para que se generase conciencia de pertenencia a una nación, al mismo pays, término francés que señalaba un territorio provincial y que se convertirá en el concepto para designar al territorio de una nación (país). Hasta ese momento, Francia se caracterizó por ser un enorme conglomerado administrativo con múltiples regiones, teniendo cada una de ellas un impuesto diferente y aduanas internas distintas, lo que dificultaba la organización y modernización del Estado.

Tampoco había una lengua única para todo el territorio, sino que coexistían numerosas lenguas y dialectos menores. El francés era utilizado fundamentalmente en las instancias oficiales y en el alto nivel cultural, pero al no ser mayoritario complicaba la interacción entre regiones —un pueblo podía tener dificultades para comunicarse con otro situado a unos pocos kilómetros—. Así, durante todo el siglo XVIII se produjo, por parte de la monarquía, un intento de unificación lingüística para facilitar no solo el comercio, sino también la organización administrativa del Estado. Frente a esta enorme heterogeneidad que caracterizaba a la Francia prerrevolucionaria solo había un dos elementos que homogeneizaban a la población: la religión y la categoría de súbdito, pues se calcula que el 97% de la población tenía esta condición y practicaba el catolicismo (McPhee, 2003: 10-13).

En cuanto al sistema socioeconómico, era el típico de una sociedad del Antiguo Régimen en transición: combinaba el peso del feudalismo con las tímidas innovaciones del capitalismo industrial. Sin embargo, el peso del campo era aplastante y la vida del campesinado, conformado por el 80% de la población, transcurría en torno a las parroquias, la comunidad aldeana y los señoríos. Estos cobraban especial importancia debido a que se establecía un vínculo entre señor y siervo, donde el primero debía ofrecer protección al segundo mientras que el campesino debía entregarle una serie de tributos. Por lo general, el señor disponía de muchos privilegios que le proporcionaban enormes ganancias económicas, en contraposición a la vida de miseria que rodeaba al campesino. Esta será una de las causas principales de su levantamiento contra los privilegiados en 1789.

La estructura social francesa en la década de 1780

Para comprender la revolución de 1789 es necesario conocer la pirámide social francesa, pues fue uno de los factores de la crisis del Antiguo Régimen. La gran mayoría de la sociedad la conformaba el Tercer Estado, en contraposición con una minoría —el 3%— que constituía el primer y segundo orden. El primero, compuesto por cerca de 150.000 individuos se dividía en alto clero (10.000) y bajo clero (140.000), de los que unos 80.000 formaban el clero secular y 60.000 el regular. No era un grupo homogéneo, pues existían enormes diferencias entre los más ricos y poderosos —como podía ser un obispo o un abad— frente a los que ocupaban la parte baja del clero. Estos vivían casi en la miseria, muchas veces recibiendo una pequeña parte del diezmo de la parroquia para sobrevivir.

El segundo orden estaba compuesto por la nobleza. La mayoría de ellos no lo era por nacimiento, sino por ennoblecimiento real o por la compra de altos cargos (venalidad de oficios), transmitiendo a su vez esa posición social mediante herencia a sus descendientes. (Castells Oliván, 1997: 28). Poseían alrededor del 20% de todas las tierras de Francia y pese a lo que se ha tendido a creer no era un estamento de por sí reaccionario. Existía una gran fragmentación dentro de ella con notables diferencias entre la alta y baja nobleza, lo que daba lugar a que un sector de los nobles más comprometidos con las actividades capitalistas invirtiese en la industria y el comercio. No obstante, lo habitual era que la nobleza viviera de las rentas e intereses que le procuraban sus préstamos a la monarquía, así como de los privilegios recibidos.

Por otro lado, estaba el tercer orden —también llamado Tercer Estado—, con un porcentaje cercano al 97%. Si en los dos anteriores se puede ver una cierta fragmentación en este la heterogeneidad era muchísimo mayor: desde los grandes magnates de la industria y el comercio que conformaban la gran burguesía hasta los proletarios, obreros, vagabundos y prostitutas que se situaban en el escalón más bajo de la pirámide social. Existía además una pugna por ascender socialmente, pero la realidad es que únicamente los más ricos y poderosos tenían esa posibilidad. Lo habitual era nacer y morir en el mismo orden, pues las posibilidades de que un campesino, un trabajador manual o un asalariado ascendieran eran prácticamente inexistentes. La movilidad social era escasa y solo el sector de la burguesía fue capaz de experimentar una mayor evolución durante el siglo XVIII, conformando un grupo social dentro del Tercer Estado que cobró especial relevancia en la revolución de 1789.

Burguesía o burguesías, porque a diferencia de lo que algunos historiadores marxistas afirmaban no era un grupo homogéneo, con una conciencia de clase definida a la altura de 1789. Irene Castells los define como un conjunto social que no pertenecía ni a los dos primeros órdenes, ni al campesinado ni al pequeño pueblo de las ciudades. Residía en las ciudades —aunque podían tener señoríos— y su riqueza tenía como origen el trabajo y no el patrimonio nobiliario. Su número se acercaba al 8% de la población y «formaban un mundo heterogéneo estratificado según la dignidad, el prestigio y la fortuna, unido en cambio por su mimetismo hacia la nobleza, por su aspiración a vivir «noblemente»” (Castells, 1997: 33).

Como se puede observar, la estructura social francesa era compleja y ni mucho menos se pueden explicar las transformaciones que esta experimentó durante la década de 1780 a través de explicaciones estructuralistas, que tratan de mostrar a los distintos grupos sociales como elementos monolíticos. Los numerosos cambios en su interior permitieron que en 1788, junto a una serie de factores que se analizaran a continuación, se iniciara un proceso que desmanteló las estructuras del Antiguo Régimen y que supuso el inicio de un nuevo periodo en la historia de Francia.

La crisis del Antiguo Régimen

Durante el siglo XVIII Francia experimentó un crecimiento económico y demográfico sin precedentes, de forma más acentuada en la segunda mitad de siglo, pasando de unos 21 millones a cerca de 28. Ese crecimiento demográfico, aunque permitió mayor disponibilidad de mano de obra para trabajar el campo no fue paralelo a una revolución agrícola, de manera que la productividad creció modestamente. Ello supuso que la sociedad campesina siguiera utilizando una agricultura de carácter preindustrial, manual, poco tecnificada y apenas productiva que los dejaba en una posición muy delicada ante las crisis de subsistencia —falta de productos básicos como la harina o el trigo—. Además, el campesinado soportaba una gran presión por parte de la nobleza, el clero y la monarquía, que les llegaba a arrebatar en torno a un tercio o un cuarto de su producción mediante impuestos, tributos y señoríos.

A la delicada situación de los habitantes en el mundo rural se le debe sumar la frágil economía francesa, cuya riqueza fue vinculándose con el paso de los años al gran comercio. Esto conllevó que buena parte de la burguesía comerciante y de la nobleza emprendedora abandonara las actividades agrarias para dedicarse al comercio y la industria. El campo, en vez de modernizarse y actualizarse, continuó sumido en una agricultura nada competitiva y anticuada. De esa manera, cuando se daban una serie de malas cosechas, la escasez de productos agrícolas —a lo que se debe sumar la baja productividad del campo y las apropiaciones del estamento privilegiado— ocasionaba subidas exponenciales de los precios. A su vez, estas provocaban crisis no solo en el medio rural, sino también en las ciudades, fuertemente vinculadas al campo.

Con este tipo de crisis los circuitos comerciales se rompían. El trasvase de productos del campo a la ciudad se interrumpía, los precios crecían y el campesinado ocultaba su cosecha para que no le fuera requisada. Por otro lado, los comerciantes de grano especulaban para inflar los precios y los señores propietarios, para evitar pérdidas, aumentaban los pagos en especie a sus súbditos. Se generaba así una profunda crisis retroalimentada que, hasta 1788, fue soportable para la monarquía borbónica. Las crisis de subsistencia y las malas cosechas se limitaban a determinados espacios del reino y casi nunca a nivel general, lo que le permitía al rey mantener el orden y la situación sin demasiados problemas.

Pese a que periódicamente la agricultura –principal fuente de riqueza del reino– sufría problemas, la economía siguió creciendo hasta la década de 1780. Es el momento en el que los problemas estructurales de Francia comienzan a salir a la superficie. En primer lugar, había una escasa modernización del territorio debido a que las inversiones de la nobleza y la burguesía iban dirigidas, sobre todo, a la compra de oficios, tierras, señoríos o préstamos a la monarquía. Tampoco se invertía demasiado en la industria como consecuencia de una mentalidad tradicional, orientándose la poca existente hacia los productos de lujo. El comercio de esclavos negros, que proporcionaba una buena fuente de beneficios a Francia, se vio resentido por la competencia europea en África y América. En definitiva, el descenso de los ingresos supuso un grave problema que no pudo ser solucionado a corto plazo. Esto, junto a otros factores, provocó el golpe definitivo a la monarquía de Luis XVI.

En segundo lugar, la Hacienda de Francia entre 1780 y 1789 se vio gravemente trastocada por la crisis económico-política de la monarquía. Francia intervino en la Guerra de Independencia Norteamericana (1775-1783), que enfrentaba a las Trece Colonias británicas contra Gran Bretaña. Siendo Inglaterra el rival de Francia no pudo Luis XVI evitar apoyar a quienes luchaban contra sus enemigos, lo que se tradujo en el envío de tropas —con personajes tan icónicos como La Fayette—, barcos y una importante ayuda financiera a las Trece Colonias norteamericanas. En total, se calculan unos dos mil millones de libras gastadas en el conflicto, dos veces la renta del Estado, debiendo sumarse una burocracia en expansión que aumentaba más aún los gastos estatales.

Mientras la economía estatal se hundía el prestigio de Luis XVI decrecía a pasos agigantados. Durante todo el siglo XVIII la monarquía francesa trató de reforzar el absolutismo, algo que suponía enfrentarse al estamento privilegiado, a quien le interesaba una monarquía débil que pudiera ser fácilmente controlable. De esta forma “la aristocracia emprendió la lucha contra el absolutismo para restablecer su preponderancia política y salvaguardar unos privilegios sociales superados” (Soboul, 1981: 18-19). Sin embargo, el estamento privilegiado no se dio cuenta que al minar el poder real “estaba anulando al defensor de sus privilegios” (1981: 20). Ese enfrentamiento contra la realeza se fue intensificando según avanzaba la década no solo por motivos de poder, sino también por un cambio en las mentalidades de la sociedad francesa.

En efecto, aunque siempre hubo un sector del primer y segundo orden que se mantuvo fiel a Luis XVI, una parte de la más rica y poderosa nobleza se había impregnado de los valores de la Ilustración. Esta no fue simplemente un movimiento cultural con conciencia propia, sino que «se vivió de manera inconsciente, con valores cambiantes” (McPhee, 2003: 41). La Ilustración penetró en los primeros órdenes —y también en las élites del Tercer Estado—, y con ella el gusto por la lectura de los grandes filósofos de la Ilustración como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Spinoza, Locke, Hobbes o Descartes. Estos autores, en mayor o menor medida, fomentaban ideas que chocaban con el absolutismo de Luis XVI al defender conceptos como el de la libertad de mercado y comercio, la reducción de la intervención estatal, el derecho natural o la división de poderes.

Este nuevo prisma solo influyó, en un principio, en un sector minoritario de la sociedad. Empero, poco a poco se fue extendiendo al resto del pueblo francés, con lo que el despotismo de los Borbones se fue haciendo cada vez más inviable. Así, mientras la economía siguió estable y los privilegios del primer y segundo orden estuvieron asegurados no hubo una reacción noble contra la monarquía, pues al fin y al cabo “mientras el sistema funciona, la gente tiende a comportarse según las reglas tradicionales” (Castells, 1997: 55). Solo cuando en 1789 el rey se vio incapaz de asegurar la estabilidad de Francia —y por tanto de los privilegios— el estamento privilegiado, así como las élites del Tercer Estado, se alzaron contra él.

El bienio 1788-1789: los años de la desestabilización

En el periodo de 1788-1789 se fraguó la caída del Antiguo Régimen. Previamente en 1785 año hubo una fortísima crisis agraria, con sequías que mermaron no solo las cosechas sino también al ganado. El paro en las ciudades creció, los salarios se redujeron y se produjo un empobrecimiento casi generalizado en el campo. El campesinado se vio gravemente afectado por esta crisis, lo que le condujo al cuestionamiento de los derechos señoriales y al impago de impuestos y cosechas. Los señores propietarios respondieron mediante el incremento de la presión fiscal de sus tierras, motivando así el enfado del campesinado y rompiendo los vínculos señor-súbdito. Todo ello dio lugar a numerosas protestas y movilizaciones: era el inicio del fin del feudalismo francés.

La recesión agraria continuó hasta 1788, año en el que todas las malas circunstancias convergieron para dar lugar a una crisis sin precedentes. Ante la inminente bancarrota del Estado Luis XVI se vio obligado a realizar una petición de préstamos, acción que minó la confianza de sus acreedores al ver que no tenía capacidad económica suficiente como para devolverlos. Además, sus ministros de finanzas buscaron reorganizar la Hacienda e instaurar un nuevo modelo recaudatorio que le permitiera a la corona afrontar los cada vez mayores gastos, lo que pasaba por aumentar los impuestos a las clases más bajas. Cuando eso no fue suficiente la vista se dirigió contra el estamento privilegiado, asentando así el monarca su definitiva caída en desgracia.

El problema subyaciente a esta cuestión es la mala gestión de los impuestos por parte de la monarquía durante la segunda mitad del siglo XVIII (1997: 43). En 1787 “cerca de la mitad de sus ingresos anuales, unos 600 millones de libras, estaban destinados a la amortización de la deuda”. Al ser insuficientes los préstamos a la corona Luis XVI puso en 1787 a Charles Alexandre de Calonne como director de finanzas para que afrontara un programa económico que salvara a Francia de la bancarrota. Calonne apostó por un impuesto a las tierras de todos los propietarios, produciendo así el enfado de la Asamblea de Notables —órgano consultivo del rey compuesto por personas del primer y segundo orden—, su definitivo despido por el rey el 8 de abril y el destierro a Lorena.

Entretanto, la crisis social ahondaba cada vez más y la bancarrota se hacía inminente. La escasa unidad existente en años posteriores dentro del absolutismo acabó por dinamitarse definitivamente en los años de 1788 y 1789. Existía una gran inestabilidad dentro de la Corte de Versalles —la residencia real— como consecuencia de las luchas internas entre las camarillas políticas. Esto imposibilitaba la estabilidad ministerial y, por tanto, la creación de reformas modernizadoras para Francia. Además, la oposición de los Parlamentos a la monarquía se fue endureciendo durante la década, dificultando más aún las acciones de Luis XVI y sus ministros.

Estos tribunales de justicia se encargaban de las causas criminales y de las apelaciones de las jurisdicciones inferiores, pero también debían registrar las órdenes del monarca y hacerle saber las irregularidades formales de sus leyes y decretos. Sin embargo, aunque su función era meramente consultiva fueron ganando poder en la segunda mitad del siglo XVIII debido a la decadencia de la monarquía, llegando a convertirse en un órgano de oposición a la autoridad real. Así, en ausencia de los Estados Generales se conformaron como representantes de la nación, desatando una fuerte resistencia a Luis XVI que le dificultó el proceso de promoción social dirigido por su figura, aumentando la rivalidad entre las élites y causando rupturas en ella.

En esta coyuntura el monarca nombró como director de finanzas del reino el 1 de mayo de 1787 a Loménie de Brienne, quien acometió medidas centralizadoras que pretendían rebajar las competencias de las justicias señoriales y de los Parlamentos. Se trataba de fortalecer el poder real y reducir la capacidad de influencia de los enemigos de la corona. Sin embargo, la confianza en él se vio gravemente afectada cuando el 18 de agosto de 1787 Brienne convenció al rey para que enviara a la oposición de la Asamblea de Notables a Troyes y que, de esa manera, no pudieran desaprobar sus medidas. Su popularidad descendió enormemente y, al final, Luis XVI decidió llamar a Jacques Necker durante el verano de 1788 para sustituirlo. Este político, de corte liberal, emprendió un programa reformista que derivó, en 1789, en una reacción noble e, indirectamente, en el alzamiento de la sociedad francesa ye el inicio de la revolución.

El comienzo de una revolución: la convocatoria de los Estados Generales

Durante 1787 Luis XVI fue alentado por algunos de sus ministros a convocar a los Estados Generales, donde se reunirían los representantes del primer, segundo y tercer orden. La delicada coyuntura política, social y económica obligó al rey, el 5 de julio de 1788 a congregar este órgano para el 4 de mayo de 1789. La clave reside en que ante los intentos de subidas de impuestos o creación de nuevos por parte de Calonne y Necker la nobleza y el clero argumentaba que solo los Estados Generales podían aprobar ese nuevo impuesto. Más allá de que tuvieran o no esta capacidad se trataba de un intento de subyugación a la monarquía. Una vez convocados, a Luis XVI solo le quedaba esperar a que las medidas de Necker fueran aprobadas y, de esa manera, comenzar la recuperación económica de Francia.

Los meses avanzaron y las medidas, aunque bien planteadas, no solucionaron los graves problemas estructurales que arrastraba Francia. El paró aumentó en las ciudades hasta alcanzarse los 80.000 desempleados en París y en el campo se atentó contra los derechos señoriales, entrando a cazar en los bosques y mostrando oposición al sistema señorial, sobre todo en las regiones del norte. El campesinado, hambriento y empobrecido, dirigió entonces su furia contra quienes consideraba culpables de ello: gobernantes, señores, comerciantes de grano, panaderos y cualquier otra persona susceptible de beneficiarse del alza de los precios.

Por otro lado, la acumulación de productos básicos por parte de los especuladores intensificó la violencia en el campo entre diciembre de 1788 y julio de 1789, generando una reacción que se ha denominado como el “Gran Miedo”, en la que los campesinos, temerosos de perder sus propiedades o de ser represaliados, se movilizaron para defender sus escasas posesiones. Así, en marzo de 1789 y en vistas a que la situación se recrudecía se promovió, desde las Asambleas de cada circunscripción francesa la creación de los cahiers, unos cuadernos de quejas en los que la sociedad francesa podría exponer peticiones, protestas y reclamaciones.

En función de la zona donde se realizase cada cuaderno se expresaban quejas de distinto tipo. Así, los cahiers rurales tendían a atacar los derechos señoriales y los impuestos y a criticar al clero regular, pero mostrando siempre apoyo a la institución de la monarquía y con un marcado contenido religioso. Los urbanos, por el contrario, tenían un fondo mayormente político donde se demandaba cambios en la justicia, igualdad ante los impuestos, eliminación de las trabas económicas al comercio o limitaciones del poder de la monarquía. Los cahiers de los nobles, aunque eran ambiguos en cuanto a la igualdad civil coincidían con el Tercer Estado en la necesidad de transformar las estructuras tradicionales.

Como se puede imaginar, los cuadernos de quejas contribuyeron a politizar a la sociedad francesa. El mero hecho de consultarla tenía un fuerte significado político y motivó al Tercer Estado a exigir más y mejores reformas estructurales. Sobre todo, en los cuadernos se pedía obligar al rey a hacer público el endeudamiento del Estado, ceder a los Estados Generales el control sobre los gastos e impuestos y realizar una reforma eclesiástica para controlar los abusos del clero y mejorar la vida del clero de parroquia —más cercano a las clases populares—. Estas eran las proposiciones que más consenso tenían, pero en cuanto al modelo de orden social y político había diferencias insalvables entre los distintos estamentos, pues los privilegiados no estaban dispuestos a ceder el poder al Tercer Estado.

Mientras se recopilaban estos cuadernos tuvo lugar la constitución de los Estados Generales en Versalles el 5 de mayo de 1789. El primer estado (clero) contaba con 303 diputados, proviniendo 208 del bajo clero; el segundo (nobleza) disponía de 282 y el tercero sumaba 646, en su mayoría abogados, funcionarios, hombres acaudalados y reputados, siendo 100 de ellos provenientes de la industria y el comercio. Como es de prever, no estaban representados ni el sector más bajo de la sociedad ni las mujeres. No obstante, el Tercer Estado doblaba en diputados al primero y al segundo debido a la presión a la que Luis XVI se había visto sometido. El monarca francés había aceptado el 5 de diciembre de 1788 que estos doblaran su representación en base a su mayor número en la sociedad francesa.

Tal como indica Peter McPhee (2003: 60) “las divisiones acerca de las cuestiones fundamentales del poder político, el sistema señorial, y las exigencias a los privilegios corporativos eran ya irreconciliables cuando los diputados llegaron a Versalles”. Ya en la primera sesión se impuso a cada estamento llevar una vestimenta diferente, imponiendo al privilegiado “vestir con el atuendo apropiado a su rango particular dentro del orden al que pertenecen”, mientras que el tercero vestiría con “trajes, calzas y capas de tela negra” (2003: 65) lo que tenía como objetivo recordarles su posición de inferioridad. Esto provocó que, con el paso de los días, se generara un sentimiento de solidaridad entre ellos, lo que “al cabo de seis semanas, había de alentarles en la organización de un desafío revolucionario al absolutismo y a los privilegios”(2003: 60).

La tensión era palpable en los primeros debates —la reunión duró cerca de seis semanas—, y el ambiente se crispó todavía más cuando se discutió sobre el método de voto. Mientras que el primer y segundo estado defendían la votación por separado el tercero apoyaba la votación conjunta, ya que ese procedimiento se adaptaba mejor a sus intereses dada su mayor representación. Puesto que no se ponían de acuerdo, y ante la situación de paralización el Tercer Estado decidió abandonar Versalles el día 20 de junio tras ser excluidos de la sala de sesiones por cierre. Decidieron entonces encerrarse en el jeu de paume (juego de pelota) de Versalles, con el firme juramento de no salir hasta haber aprobado una Constitución para Francia.

Al Tercer Estado se le unieron día después unos pocos diputados del bajo clero y la nobleza liberal, llegando a la denominada Asamblea Nacional —por cuanto representaban a la nación francesa— unos 47 de estos nobles. Finalmente, el 27 de junio Luis XVI, tras haber intentado en vano algunas reformas que fueran aceptadas por la Asamblea Nacional tuvo que rendirse y reconocer su legitimidad. El monarca se quedó prácticamente sin apoyos y, en la práctica, su poder quedaba sujeto al control de la Asamblea. Por petición suya se unieron a la misma el resto de diputados de Versalles.

Mientras tanto bullía la situación no solo en París, epicentro de la revolución, sino en toda Francia. Los motines se habían multiplicado, como los ocurridos en los centros de Henriot y de Reveillón o en las fábricas del fabourg —suburbio— Saint-Antoine, al este de París y considerados los primeros estallidos populares de la revolución (Castells Oliván, 1997: 64). Saqueos en los mercados, ataques a las oficinas de recaudación de impuestos o robos a los convoyes de grano son solo algunos de los ejemplos de conflictividad social que se dieron entre abril y julio de 1789.

Esa conflictividad se vio incrementada por la acumulación de grano por parte de las élites sociales: “El «complot aristocrático» consuma la movilización de las masas”, como afirmaba Soboul (1981: 54). Se encontraron reservas de trigo en la abadía de Saint-Lazare (Marsella), cuya retención tenía como intención inflar los precios para aumentar exponencialmente las ganancias, algo que alimentó el odio de las clases populares contra el primer y segundo orden. La muchedumbre se echó a la calle en protesta por la carestía, desencadenándose una ola de violencia que afectó de manera intensa a toda Francia con ajusticiamientos populares a aquellos considerados como culpables de la falta de alimentos.

El “Gran Miedo” se incrementó y los campesinos, temerosos de perder sus propiedades o de ser represaliados por la nobleza defendieron fervientemente sus escasas posesiones. La llamada canalla, la clase obrera parisina, realizó varias movilizaciones y protestas por los bajos salarios y el alto precio del pan, además de las quejas por su no participación en el proceso político. Ante tal situación de caos y habiéndose erigido la Asamblea Nacional en Constituyente el día 9 de julio —lo que reducía más aún el poder del monarca— Luis XVI ordenó rodear París con un ejército que contaba con mercenarios extranjeros.

Así pues, entre el 9 y el 14 de julio se produjeron enfrentamientos entre el pueblo parisino y el ejército realista. El día 12 fue clave en estos conflictos al destituir el monarca a Necker, quien se había ido alejando de él durante las sesiones de los Estados Generales. Además, su destitución fue vista por el Tercer Estado como una posible disolución de la Asamblea Nacional, que derivaría en la elevación de los precios del pan y la bancarrota de Francia (McPhee, 1997: 65). Eso desencadenó una oleada de protestas que finalizaron el 13 de julio con la creación, por parte de los electores del Tercer Estado de París, de un comité permanente para organizar la defensa de la ciudad en caso de un ataque del ejército.

El temor a esa intervención fue creciendo, por lo que el día 14 los esfuerzos se centraron en buscar armas para asegurar la defensa de París. Primero se saqueó el palacio de los Inválidos y después una columna cercana a las mil personas se dirigió hacia la fortaleza de la Bastilla. En su interior se albergaba un gran arsenal de armas y pólvora, imprescindibles para defender la ciudad de las tropas realistas, pero con su toma se buscaba también una ventaja estratégica: la dominación de los barrios del este de París. A las puertas de la fortaleza se inició una negociación con el marqués de Launay, que al ver la muchedumbre agolpada en las puertas se negó a rendirse y ordenó a sus tropas disparar, hiriendo a 73 personas y matando a 98. En ese momento 61 guardias franceses parisinos se pusieron del lado de los asaltantes y dirigieron sus cañones hacia las puertas, obligando así a los defensores, tras cuatro horas de lucha, a rendirse.

La mayoría de los participantes procedía del fabourg Saint-Antoine y se dedicaban, en un 80% al comercio y la artesanía, siendo muchos de ellos simples asalariados y obreros manuales. Los siete presos que se encontraban en su interior fueron liberados y los seis defensores de la guarnición fueron fusilados. El gobernador Launey corrió peor suerte: tras ser linchado por la multitud fue degollado y su cabeza paseada por las calles de París. Se desataron así durante varios días actos de violencia y justicia popular, síntoma de que la mentalidad colectiva de Francia aun no era la de la Ilustración. Una violencia, no obstante, que no era gratuita, sino que formaba parte del ideario de justicia de las clases bajas: “el derecho de castigar a quien vulneraba las normales morales de la comunidad” (Castells Oliván, 2003: 68).

Consecuencias de la toma de la Bastilla

La toma de la Bastilla, por ser el símbolo del absolutismo monárquico supuso el primer paso de la revolución francesa. La presión a la que se vio sometido Luis XVI tras los hechos del 14 de julio le obligaron a aceptar a la Asamblea Nacional Constituyente como el órgano de representación política de la sociedad francesa, lo que no significa la caída de la monarquía. Esta continuó, pues los representantes del Tercer Estado tampoco buscaron en un primer momento derribarla para edificar una república. Sus representantes, conformados en su mayoría por miembros de la burguesía y trabajos liberales, apostaban por un nuevo sistema que aboliera el feudalismo y transitara hacia el capitalismo como forma de solucionar los problemas estructurales de Francia.

De esta manera solo el ala más radical de la revolución —el Club de los Jacobinos—, los verdaderos artífices de la movilización de las masas, propugnaron valores más radicales como la soberanía popular, el sufragio universal y una república. Pero no será hasta 1791 con la fuga de Varennes —la huida de Luis XVI—cuando verdaderamente apuesten por la abolición de la monarquía. Hasta ese momento Francia siguió siendo teniendo una monarquía extremadamente debilitada y cuyo sistema social se había visto completamente modificado: la participación del pueblo en la vida pública alcanzó niveles nunca vistos, Necker fue repuesto en su puesto, se creó la milicia burguesa y la bandera tricolor con el rojo, azul y blanco de los borbones fue impuesta como bandera nacional.

La mayor consecuencia del 14 de julio se materializó en el final del feudalismo y del Antiguo Régimen. El 27 de agosto de 1789 se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el establecimiento de la esencia del liberalismo: “libertad de actuar sin dañar a los demás”. Se permitió la libre asociación, de expresión, la libertad religiosa y de opinión, aunque limitados por ley, lo que daba situaciones de ambigüedad en cuanto a la interpretación de esas libertades. Significaba, de facto, la abolición del Antiguo Régimen en el marco legal y garantizaba la igualdad de derechos, basándose siempre en una concepción naturalista del ser humano, en la que la naturaleza era el origen de la desigualdad. Sin embargo, era ambiguo en cuanto a la libertad de ciertos colectivos como el de las mujeres, ya que no se la citaba directamente y estas no sabían si tendrían la igualdad política y legal de los hombres.

Por tanto, “la feudalidad fue destruida en su forma institucional y jurídica, pero se mantuvo en su realidad económica” (Soboul, 1981: 57), tal como suele suceder en los periodos de transición. Estas tensiones permitieron, años después, la caída de la monarquía y la radicalización de Francia. Pese a todo, debe recordarse que la revolución francesa de 1789, aunque instigada por un Tercer Estado compuesto fundamentalmente por los llamados “profesionales” (Hobsbawm, 2018: 45) fue asegurada por la acción de las masas. La revolución fue fruto de aquel sector que conformaba la absoluta mayoría de la población. Sin ellos cualquier cambio a nivel político no hubiera podido llevarse a cabo, y el 14 de julio, por tanto, no habría habido asalto a la Bastilla ni tampoco Asamblea Nacional Constituyente.

En definitiva, la revolución de 1789 supuso el inicio de un nuevo periodo en la historia de Francia y el origen del Estado-nación francés. Pese a que a se ha tendido a destacar el papel de la burguesía como iniciador del proceso revolucionario —y teniendo en cuenta el peso que tuvieron en el proceso— la revolución francesa fue posible gracias a la acción de la muchedumbre. Y lo fue independientemente de que estuvieran dirigidas por las élites del Tercer Estado. Sin ellas no habría sido posible la defensa de los derechos conquistados entre julio y agosto de 1789 y, probablemente, el Antiguo Régimen hubiera continuado unos años más bajo las estructuras de dominación del primer y segundo orden. Es por ello necesario defender la dimensión social de esta primera fase de la revolución, que tendría continuidad hasta la subida de Napoleón en 1799.

Bibliografía

Castells Oliván, Irene (1997): La revolución francesa (1789-1799). Madrid, Síntesis.

Hobsbawm, Eric (2018): Los Ecos de la Marsellesa. Barcelona, Editorial Planeta.

McPhee, Peter (2003): La Revolución Francesa, 1789-1799. Barcelona, Crítica.

Soboul, Albert (1981): La Revolución Francesa. Barcelona: Ediciones Orbis.

Villares, Ramón y Bahamonde, Ángel (2015): El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI. (10ª edición) Madrid, Taurus.